La decisión del presidente Mauricio Macri de reglamentar vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la normativa de extinción de dominio generó rechazo y polémicas debido las denuncias de inconstitucionalidad que generó.
Una de las principales voces fue la de la abogada Graciana Peñafort que en una columna, publicada en el sitio El Destape, enumeró los motivos por los cuales no se puede aplicar tal cual fue publicado en el Boletín Oficial la disposición.
La abogada Graciana Peñafort realizó duras críticas al DNU de extinción de dominio.
En dialogo con Big Bang Peñafort fue directamente al hueso y remarcó que antes de los considerandos del DNU ya queda clara la inconstitucionalidad de la norma.
“El Presidente tiene prohibido legislar en materia penal. En el Gobierno hablan de que se trata de una acción civil pero en todos los considerandos habla de delitos: las cosas no corresponden al fuero civil tan sólo porque sí, sino por su naturaleza”, consideró la letrada que remarcó que en la causas en las que es parte, y si llegan a buscar aplicar dicho protocolo, planteará la inconstitucionalidad del mismo.
Macri anunció que reglamentará la extinción de dominio mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia
“El decreto nos pone en el mismo lugar que nos ponía la Dictadura ya que vulnera todas las garantías constitucionales”, agregó Peñafort al ser consultada sobre si existía algún parecido con la Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial (CONAREPA) creada en 1977 para expropiar, de forma ilegal, los bienes de toda persona de interés que consideró la Junta Militar que derrocó a Isabel Perón. “En la práctica es lo mismo que la CONAREPA”, concluyó.
El presidente anunció ayer la reglamentación del DNU que se publicó hoy.
El DNU establece que además se creará una Procuraduría especial dentro del Ministerio Público Fiscal (MPF) que será la encargada de llevar adelante la labor de análisis y pedido de confiscación de los bienes de las personas que se encuentren investigadas por delitos vinculados al narcotráfico, la trata de personas y la corrupción. La principal objeción que realizaron desde diferentes sectores, y con las que concordó la entrevistada, es el hecho de quitarle los bienes a una persona cuando no tiene sentencia firme y que desde el oficialismo buscaron maquillar al crear un fondo de garantía.
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“Eso lo ponen porque queda bueno. Si después del proceso alguien es declarado inocente igual te sacaron tu casa. No pueden sacarle los bienes a las personas que no tienen sentencia firme”, remarcó la abogada que señaló que hasta los letrados cercanos a algunas posturas del oficialismo como es el caso del fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, y el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra tildaron de “tropelía” al proyecto que impulsó originalmente Cambiemos.
“No pasa el más mínimo análisis, es marketing puro. Es una estrategia para discutir en los medios mientras rematan las frecuencias de Arsat y se conocen las cifrras del dinero que se fugó”, consideró Peñafort.