23 Agosto de 2022 15:06
Anoche se vivió una intensa escena para la política nacional. Frente a su departamento en el barrio porteño de Recoleta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió dos manifestaciones distintas, una que pedía por su desprocesamiento, y la otra que apoyaba el pedido de 12 años de prisión que el fiscal federal Diego Sebastián Luciani había hecho en la causa conocida como Vialidad.
Esta mañana, la vicepresidenta dio una devolución a forma de alegato desde su despacho en el Congreso Nacional y apuntó con fuerza a la doble vara con la que la justicia local evalúa las causas orientadas contra ella, a diferencia de las que son contra funcionarios macristas o inclusive el propio Mauricio Macri.
El debate público lleva mucho tiempo preguntándose sobre la posibilidad real que existe de que alguna de estas dos figuras fuertes de la política argentina -o tal vez las dos- puedan ir a prisión. Aunque los hechos son claros: en los últimos 39 años de democracia ininterrumpida, sólo el riojano Carlos Saúl Menem estuvo detenido durante 167 días en una quinta en Don Torcuato, luego de que se negara a declarar ante el juez federal Jorge Urso, cuando lo indagaba sobre la causa de venta de armas a Croacia y Ecuador.
La ciudad de Río Tercero había volado por los aires para encubrir las pruebas de tráfico de armas y el exmandatario no estuvo ni medio año encerrado. La impunidad es el denominador común en estos casos, y la falta de pruebas, el más recurrente de los argumentos.
El alcatraz argentino
La Isla Martín García, ese archipiélago que está ubicado en el Río de la Plata y el cual comparten Argentina y Uruguay, funcionó como prisión entre 1755 y 1962. Por sus características infranqueables, muchos la vieron como la alcatraz autóctona.
Allí estuvieron cuatro presidentes constitucionales argentinos, tres radicales y el más importante de los peronistas, el Gral. Juan Domingo Perón, quien pasó brevemente por el lugar antes de ser elegido presidente, en una detención que derivó en el origen de su movimiento, con la enorme movilización popular que se desató el 17 de octubre de 1945 para liberarlo.
Antes habían estado Hipólito Yrigoyen, el primero de todos en hacerlo y depuesto en 1930, y Marcelo Torcuato de Alvear, quien estuvo en 1933 cuando se comprobó que conspiraba contra el gobierno de facto de José Félix Uriburu.
El último en ser "hospedado" por esta estructura, y ostentando el récord de casi un año allí, fue Arturo Frondizi en 1962, quien había sido depuesto por José María Guido, sólo unos meses después de haberse reunido de forma semisecreta con el revolucionario Ernesto 'Che' Guevara en Punta del Este. Un gesto que le puso fecha de defunción a su mandato.
Ya lejos de esta isla, los otros presidentes constitucionales que estuvieron presos fueron los peronistas Raúl Alberto Lastiri, quien fue detenido por el Proceso que comenzó en marzo de 1976, y quien falleció a causa de un linfoma dos años después, y María Estela Martínez de Perón, la primera mujer en conducir el país.
Dictadores tras las rejas
Si bien no siempre existió una grieta como la que conocemos actualmente, sí el revanchismo fue una fuerza que movió la relación de fuerzas de los dirigentes opuestos de la política nacional.Es por eso que, muchos de los dictadores que detuvieron mandatarios durante su gestión de facto, también terminaron tras las rejas.
Los presidentes de la última dictadura militar, Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone, estuvieron presos por delitos de lesa humanidad, entre los que se incluyen secuestros, torturas, y hasta el robo de bebés.
Lo más paradójico de ellos es que, durante sus mandatos, además de poner en pie un plan de exterminio de las organizaciones políticas de izquierda, también detuvieron a un colega de ellos, a Alejandro Agustín Lanusse, quien había ocupado el rol de presidente de facto durante la llamada Revolución Argentina, que gobernó entre 1966 y 1973.
