Sin vergüenza
25 Junio de 2024 11:21
Luego de una crisis por alimentos del Estado por vencer que puso en la cuerda floja a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la funcionaria parece haber redoblado la apuesta tras incumplir la orden judicial que había impuesto el juez Sebastián Casanello para que se entregue y reparta de forma inmediata los 5,8 millones de kilos de comida por vencer en los próximos meses. Como si fuera poco, responsabilizó a la gestión anterior de no haberlo hecho.
En un documento oficial en el que se revela el stock de alimentos con los que cuentan los depósitos del Estado nacional a fecha del 19 de junio, se informaron 5.825.946 kilos de comida sin entregar. Esto quiere decir que, luego del cruce político que generó el tema, sólo se repartió la leche en polvo que vencía en julio a través de la Fundación CONIN que encabeza el médico del Opus Dei Abel Albino.
Según el informe, a mediados de agosto se vencerán más de un millón de paquete de lentejas de 400 gramos, que cuentan con una potencialidad calórica y nutricional importantísima para quienes menos tienen. Además, el 18 de septiembre vencerán 459.054 kilos de leche en polvo y el 30 259.334 paquetes de puré de tomate. Esto implica que, inclusive dándole velocidad a la gestión, es difícil de garantizar que estos lleguen a servirse antes de que se venzan.
A su vez, Pettovello aseguró que los alimentos sólo serán enviados a "escuelas vulnerables", sin importar que estos establecimientos ya tengan un presupuesto que se respeta asignado a los comedores. Además, con la nueva dinámica, cada provincia deberá pedir los alimentos que necesite y encargarse de la logística y traslado de estos. Una imagen que grafica a la perfección el nuevo perfil desentendido de las problemáticas sociales que expone el Estado nacional.
"La adhesión implicará la obligación de proceder al retiro, a cargo de la jurisdicción, de los alimentos en las cantidades y ubicación que se establezcan mediante Convenio de Colaboración", afirmaron desde Capital Humano en el texto enviado a Casanello. Hasta el 28 de junio, cada territorio federal podrá establecer los pedidos. Luego, el reparto de estos dependerá del Índice de Contexto Social de la Educación (ICSE).
Lo más insólito del texto oficial es la razón que esgrimieron para no cumplir con el pedido judicial: allí se indicó que estos alimentos "no han sido repartidos por decisión del anterior gobierno". Lo paradójico fue que allí también reconocieron que la comida está en los depósitos con "el fin específico de afrontar y asistir en situaciones de emergencia y catástrofe", sin importar el antecedente del temporal en Bahía Blanca y las palabras del presidente Javier Milei acerca de que confiaba en que lo iban a poder solucionar los y las bahienses por su cuenta.
Por otro lado, es un hecho que estos alimentos camino a perecer sí fueron adquiridos por la anterior gestión que encabezó Alberto Fernández, ya que desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) se interrumpieron la mayoría de este tipo de compras. Es que desde el Estado dispusieron 6.772 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para hacerse con aceite y lentejas. Pero, vaya casualidad, sólo se gastó la mitad en ese rubro y se desconoce en qué se fue el resto. Lo mismo sucedió con los 14.000 millones que fueron para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
No es el único tema sospechoso en el texto. También allí expusieron que habían repartido harina de maíz a punto de vencer a la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento, que conduce Javier Iguacel, el ex director de Vialidad de Mauricio Macri. El tema es que esta estaba destinada a San Isidro y Hurlingham, y nunca se aclaró por qué fue a otro lado, donde gobiernan intendentes amigos.
