12 Abril de 2018 13:50
El fiscal federal de la ciudad de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó hoy a la jueza Zunilda Niremperger la detención y desafuero de la diputada nacional y ex intendenta Aída Ayala (Cambiemos) en una causa en la que se la investiga por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Así lo consignaron fuentes judiciales, que detallaron que, ahora, el pedido del fiscal debe ser analizado por la magistrada.
Además, indicaron que el pedido de desafuero y detención de la actual legisladora y ex intendenta de la ciudad de Resistencia se funda en las pruebas reunidas en el marco de la investigación, en la que se investiga el presunto delito de lavado de dinero agravado por habitualidad y por el hecho de ser funcionario público.
Aida Ayala fue funcionaria del Ministerio del Interior.
En la Casa Rosada, consultados por Big Bang, adelantaron que Ayala se presentará mañana frente a la magistrada. "Va a viajar Chaco mañana para presentarse ante la Justicia. Ella ya habló con la jueza y se puso a disposición", afirmaron desde el entorno del ministro de Interior, Obra Pública y Vivienda, Rogelio Frigerio, debido a que la legisladora fue funcionaria de dicha cartera hasta el 10 de diciembre. "Va a dar todas las respuestas. No hay nada que ocultar, por eso está tranquila", remarcaron.
Aida Ayala es diputada nacional por Cambiemos.
De hecho, entre otros delitos que se le imputan a la actual diputada nacional por Cambiemos se cuentan los de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública en calidad de autor, asociación ilícita en calidad de autor, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público.
La ampliación de requerimiento que realizó Sabadini es en la causa que investiga la contratación de la empresa PIMP SA, que presta servicios de recolección de residuos en la capital chaqueña, el que fue suscripto por la actual diputada en 2014.
Además se ampliaron los requerimientos sobre el secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo, quien junto a su hijo y dos personas más, se encuentran detenidos por la misma causa, indicaron las fuentes con acceso al expediente.
Según la acusación de la fiscalía la actual diputada y entonces intendenta habría sido clave para el otorgamiento del contrato de la recolección de residuos a la empresa PIMP, en una licitación "a medida".
