17 Octubre de 2017 11:42
Por voto de la mayoría, la Cámara Federal ordenó hoy -a cinco días de las elecciones- la detención de Julio De Vido en una causa donde se investiga la presunta defraudación al estado nacional en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio.
De Vido perdería sus fueros como diputado.
Hasta ahora, sólo estaba citado a indagatoria, pero ahora se lo convocará como acusado. Así, se estipula que la Cámara le solicitará al juez federal Luis Rodríguez le solicite a Diputados la quita de fueros para De Vido. Para eso, debería realizarse una nueva votación para acatar o no el fallo judicial.
La acusación
Concretamente, De Vido está acusado de desviar fondos originalmente destinados la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) mientras actuaba como ministro de Planificación.
El primer paso de la causa vio la luz el año pasado, cuando las autoridades de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) denunciaron por malversación de fondos por más de 26.000 millones de pesos al ex ministro kirchnerista.
La mina de Río Turbio, en el ojo de la tormenta por la denuncia contra De Vido.
La nueva gestión de YCRT decidió presentarla por irregularidades detectadas ni bien asumieron: zonas críticas, derrumbes y “grandes daños”, así como “un gran deterioro en los labores por dónde circula el aire de retorno, producto de atraso y falta de mantenimiento necesario para conservar la red troncal de ventilación en condiciones”.
En total, la denuncia derivó en 23 pedidos de detención, que incluyeron, además de a De Vido, al ex secretario de Minería, Jorge Mayoral, al ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de la cartera de Planificación Roberto Baratta y al ex interventor en YCRT, Atanacio Pérez Osuna.
El ex ministro de Planificación Federal está envuelto en decenas de causas judiciales.
La minera fue intervenida en 2002, y desde entonces incrementó en un 60 por ciento su personal: alcanzó a tener cerca de 3.000 operarios: el 90 por ciento del presupuesto asignado era para el pago de salarios.
La Justicia pretende saber ahora a qué se destinaron los 26.343.308.227 pesos que la cartera que comandaba De Vido le giró a YCRT en planes que, según la denuncia, “no se reflejan en el estado actual de la empresa y mucho menos en la mina”.
Un artículo publicado meses atrás por Clarín menciona, entre otras irregularidades detectadas en la mina, “derrumbes en una de galerías principales”, que provocaron problemas en la ventilación, que levanta “polvo de carbón”, lo que podría ser peligroso para los trabajadores.
La denuncia apuntaba a que los fondos cuyo paradero se desconoce “no fueron al yacimiento, ni se aplicó a otros fines legales preestablecidos por la ley”. Además, se describen promesas de modernización realizadas por el ex ministro y actual diputado: en 2005 prometió modernizar el yacimiento; y en 2007 destinó 3.725 millones de pesos para repuntar la producción de carbón en la mina. Luego, se destinaron otros 4.100 millones.
En 2004 hubo una explosión y murieron 14 personas en la mina de Río Turbio.
También se apunta hacia irregularidades en los contratos con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Sin ir más lejos, unos 15 funcionarios de la UTN están denunciados. En los últimos años, YCRT recibió sumas millonarias, tanto en gastos corrientes, como en contrataciones de nuevos empleados.
En la denuncia que complica a De Vido se detalla que hubo fondos que fueron desviados sin licitación ni controles. De hecho, hasta se destinaron 400 millones de pesos para la reconstrucción del tren turístico del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en el cual sólo se construyó una estación.
Con el pedido de detención a Julio de Vido en la causa que investiga la presunta defraudación al estado nacional en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio, se abre una ruta imposible de sortear: la del desafuero.
De Vido corre peligro de perder sus fueros como diputado.
Es que el ex funcionario kirchnerista, por su condición actual de diputado, está amparado por los artículos 68 y 69 de la Constitución que dictan libertad e inmunidad de opinión y de arresto.
El proceso de desafuero por el cual De Vido perderá esa inmunidad debe seguir una serie de pasos predeterminados, fijados por la ley 25.320 sancionada en el 2000.
El camino
En caso de que el juez Luis Rodríguez, quien decide en esta instancia, acepte la solicitud de desafuero de la Cámara Federal, ésta deberá pasar de manera inmediata al Congreso.
Allí, el pedido ingresa a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, presidida por Pablo Tonelli de Cambiemos e integrada por 34 diputados, de los cuales 14 son oficialistas y 8 del Frente para la Victoria/Partido Justicialista. La comisión deberá dictaminar con la mitad más uno de las firmas.
Este grupo de diputados tiene un plazo máximo de 60 días para emitir su decisión y, si pasan 180 días sin dictamen, la Cámara baja está obligada a tratar el desafuero de todas formas.
Allí, será necesario el voto de dos tercios de los diputados para aprobar el desafuero. Aquí, vale remarcar que Cambiemos actualmente cuenta con 86 de los 257 legisladores, mientras que el FPV-PJ tiene 70.
De Vido, en la sala AMIA de Comodoro Py. Detrás, los familiares de las víctimas.
Si el pedido de desafuero es admitido, la vía quedará libre para la detención de De Vido. Si es rechazado, mientras tanto, el tribunal deberá declarar por auto que no puede proceder a la detención y la causa continuará según su estado.
