El fiscal Gerardo Pollicita requirió elevar a juicio oral la investigación por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. En el expediente se acusa a Cristina Kirchner de ser “jefa de una asociación ilícita” y defraudar al Estado por ocultar sus intereses y “favorecer”, según el escrito, al empresario.
Si la iniciativa prospera, por primera vez, Báez y Kirchner estarán juntos en un juicio oral por una causa de corrupción.
Cristina Kirchner tiene un complejo frente judicial.
El pedido de elevación a juicio oral se produce el mismo día en que el Gobierno intentará aprobar la cuestionada reforma previsional en un Congreso blindado para evitar hechos de violencia como los registrados el jueves pasado.
En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la ex Presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 52 contratos viales por $ 46.000 millones, "plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles". Por ello, se habla de un "direccionamiento" a favor del conglomerado del empresario K, cuyo patrimonio creció entre 2004 y 2015, un 12.127 por ciento.
Báez está detenido en el penal de Ezeiza.
De esta manera, para la fiscalía, se configuró un esquema "de beneficios exclusivos" para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el "empresario de obra pública vial más beneficiado" por las "gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner". A los ex presidentes se los apunta como los responsables de "diseñar la maniobra" y de "erigir a su amigo personal" como contratista del Estado.