El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy a la Unidad de Información Financiera una investigación patrimonial sobre el ex juez federal Norberto Oyarbide, su pareja y empresarios imputados en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito en su contra.
La medida abarca a Oyarbide, su pareja Claudio Blanco, al empresario Ariel Roperti y a otros tres investigados, Jorge Bladimisquy, Ariel Feur y Cristian Ramírez, según la resolución a la que accedió Télam.
Además citó como testigo para el próximo 20 de febrero a María Martha Cavallaro, ex esposa del empresario Roperti.
Oyarbide está imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y los demás están sospechados de haber actuado como testaferros.
Oyarbide en una de sus vacaciones en Punta Cana, con su pareja Claudio Blanco.
En la causa se investiga la participación de Blanco y los demás imputados en tres empresas -Cuasares, Consorcio Creba y Krakenlab- en base a una denuncia presentada por el fiscal de Saavedra, José María Campagnoli, tras una investigación preliminar.
Oyarbide estuvo 22 años en Comodoro Py. Fue un juez afín al menemismo primero y al kirchnerismo después.
Finalmente, renunció a su cargo en abril del año pasado después de 21 años como juez federal, después de evitar que el gobierno de Cambiemos le iniciara juicio político en el Consejo de la Magistratura.
El ex juez en un festejo junto a su pareja y Daniela Cardone.
El fiscal federal reseñó que Blanco “se desempeñaba como árbitro de básquet en el torneo de ascenso de la Liga Nacional” antes de conocer a Oyarbide, y que “al tornarse pública su relación en el año 2010”, “se habría convertido en un 'próspero empresario' y comenzó a efectuar negocios de diversa índole”.
Claudio Blanco, de árbitro de básquet a próspero empresario.
Los datos en el sistema NOSIS respecto de Blanco “provocaron una enjundiosa batería de medidas de prueba cuyos resultados obran en la causa, en donde se despliegan un gran número de sociedades vinculadas al nombrado y a la gente de su entorno.
Según el fiscal Di Lello, "este entramado societario cuenta con el nombrado y sus allegados en tareas gerenciales, cargos directivos o comparten el domicilio fiscal lo que llevaría a presumir que estas sociedades podrían resultar una pantalla para la comisión de delitos”.
Oyarbide en agosto pasado, durante el cumpleaños de Moria Casán.
En octubre del año pasado, Di Lello ya había solicitado información en el requerimiento de instrucción de la causa.
Entre las más de veinte diligencias sugeridas por el fiscal para recopilar elementos probatorios se cuentan también pedidos de información a la Inspección General de Justicia y diversos registros sobre las sociedades Cuasares SRL; Consorcio Creba SA, Krakenlab SRL; Grupo Florida Inversiones Sociedad de Bolsa SA; El Mirador de Caviahue SA, La Playa de las Araucarias SA; Carmodels SRL; Strianesse SRL; Mams Consultores; CIGADE IFASA SAIF y de mandatos; Las Lagunas de Buenos Aires; Administración Global SA; Kredietbank Oficina de Representación y Parques Industriales Ecosustentables SA.; respecto de los bienes registrados a nombre de los imputados; a la ANSES; al Banco Central (BCRA) sobre las operaciones realizadas desde 2010 a la fecha; a la AFIP; y a la Unidad de Investigación Financiera sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que se pudieran haber originado por la actividad financiera de los imputados, entre otras.