El fiscal federal Jorge Di Lello imputó a Mauricio Macri, a varios de sus funcionarios, a miembros de la línea aérea AVIANCA y a empresarios del sector aeronáuticos por presuntas irregularidades en la explotación del espacio aérea que perjudicarían a Aerolíneas Argentinas.
El presidente, imputado por el fiscal Di Lello.
Di Lello describió una serie de maniobras presuntamente destinadas a beneficiar a AVIANCA, empresa que en 2016 adquirió la firma Macair Jet, propiedad del grupo liderado por Franco Macri.
En este sentido el fiscal impulsó la acción penal contra el titular del grupo SIDECO, Franco Macri, el Secretario General de la Presidencia de la Nación, Fernando De Andreis, y responsables de la línea aérea AVIANCA por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias.
La oposición denunció irregularidades en la llegada de Avianca al país.
La investigación se inició tras una denuncia de los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, quienes señalaron como “sospechosa” la venta de la aerolínea del grupo Macri a una empresa que ahora realizará negocios en el país.
Macair, la firma aérea de los Macri que fue adquirida por Avianca.
La imputación también alcanza al Director General de Logística de la presidencia de la Nación Carlos Cobas, al titular del grupo de empresas que conforma la línea aérea AVIANCA, Germán Efromovich, al CEO de "Avian Líneas Aéreas", Carlos Benjamín Colunga López, y al titular de "Unidos Air S.A.", Diego Martín Colunga López.
Por otra parte Di Lello también apuntó contra el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) Juan Pedro Irigoin y el Director Nacional de Transporte Aéreo de ese organismo Hernán Gómez.
El fiscal cree que podría haber existido un perjuicio a Aerolíneas Argentinas.
A estos últimos, además, se los acusó de la conducta prevista en el artículo 218 del Código Aeronáutico, que reprime cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una aeronave, aeropuerto o aeródromo, o entorpecer la seguridad aérea.
La denuncia señala que "la privatización del servicio de traslado de funcionarios, la búsqueda de aviones nuevos por cifras millonarias y las denuncias por el uso de aviones de la empresa familiar, se produce a principios de 2016 con la venta de ´Macair Jet´ a la compañía de origen colombiano AVIANCA, operación que se realizó a través del Grupo Sinergy Speed, que controla Avianca Holding y Avianca Brasil".
El fiscal federal solicitó una serie de medidas de prueba. La causa está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nro. 12, a cargo de Sergio Torres.