Organismos de defensa de los derechos humanos pidieron hoy el jury del fiscal general de Mar del Plata Fabián Uriel Fernández Garello, luego de que se descubriera hace un par de meses que había sido integrante de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar, dato que había ocultado cuando fue designado en el cargo en 1999.
La presentación fue realizada por la Comisión Provincial por la Memoria junto al SERPAJ, el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina.
La presentación fue realizada la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, con las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto y Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, entre otros referentes del movimiento de derechos humanos de Argentina.
Pérez Esquivel pidió el jury del fiscal general de Mar del Plata.
Según se informó, entre los argumentos de la solicitud, resulta fundamental la participación de Fernández Garello en “la estructura represiva como oficial de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba) al menos entre los años 1978 y 1981”.
Así lo demuestran una serie de documentos presentados por la Comisión Provincial por la Memoria en noviembre de este año ante la justicia de San Isidro y San Martín. La Comisión está a cargo de todos los archivos de la Dipba.
Esta documentación permitió constatar, entre otros hechos, que Fernández Garello se desempeñó como Oficial de Inteligencia con el rango de Subinspector de la DIPPBA, donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial, e infiltración en organismos de derechos humanos en el marco del terrorismo de estado.
Fernández Garello es fiscal desde 1999.
Su imputación por la participación en crímenes de lesa humanidad se extiende a dos causas. En la primera se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y en la segunda el secuestro y tortura de militantes comunistas.
En la presentación realizada, los organismos de derechos humanos sostienen que “la continuidad y permanencia en sus cargos de funcionarios judiciales que han participado de secuestros ilegales, espionaje, seguimiento y determinación de 'blancos' para su posterior secuestro, infiltración y efectiva participación en los secuestros y torturas, debe ser revisada con celeridad”.
“No sólo los crímenes de lesa humanidad por los que se encuentra imputado, sino también el ocultamiento deliberado de esta información para falsear sus antecedentes y poder alcanzar su designación como fiscal general en el sistema judicial, constituyen hechos graves que violan la Constitución Provincial y toda la normativa internacional”, sostuvo la Comisión.
Las entidades exigen la inmediata conformación de un jurado de enjuiciamiento para que “se aboque con carácter urgente al tratamiento de la presente denuncia procediendo a la remoción del mencionado funcionario, dada su probada condición de imputado en delitos de lesa humanidad así como también su falta de idoneidad por haber sido parte de la estructura represiva”. Además se solicitó la suspensión en su cargo mientras se tramite el proceso.
“Participó en acciones directas, secuestros y torturas, en el caso de tres militantes del Partido Comunista. Aparece su nombre en un acta”, dijo a BigBang el secretario general de la CPM, Roberto Cipriano García.
"Fernández Garello integra esa delegación por lo menos hasta 1982. Esto está documentado, no es una elucubración nuestra, son los propios documentos de la Policía Bonaerense", aseguró Cipriano García y añadió que en esos documentos "se acredita su participación en 17 hechos de espionaje político y gremial".
Fernández Garello tuvo hasta ahora fuertes respaldos en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Sus padrinos -dicen quienes conocen sus antecedentes- son la exprocuradora María del Carmen Falbo, quien le confió una experiencia piloto para instrumentar la Policía Judicial en Mar del Plata y el juez de la Suprema Corte, Eduardo Pettigiani, que también es de Mar del Plata.