En una decisión que generó sorpresa, semanas atrás el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decidió dictar la falta de mérito de la mayor parte de los empresarios acusados de haber pagado sobornos para que les adjudicaran una de las mayores obras civiles que se desarrollan en el país: el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. En paralelo, el juez además procesó a un grupo de ex funcionarios del kirchnerismo por negociaciones incompatibles con el cargo.
Esa decisión fue apelada hoy por el fiscal de la causa, Franco Picardi, quien considera probado que ejecutivos de la empresa Iecsa, en poder entonces de Angelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, asociados con el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, consiguieron que se manipulara la licitación de ese gigantesco trabajo bajo tierra en alianza con ex funcionarios del Ministerio de Planificación.
En su resolución del 15 de abril, Martínez de Giorgi había dictado los procesamientos de los empresarios Héctor Javier Sánchez Caballero y Héctor Ramón Castro, como responsables del delito de presentación u ofrecimiento de dádivas a un funcionario público. Y procesó al ex secretario de Transporte a Ricardo Raúl Jaime por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Por el mismo delito procesó a los ex secretarios de Obras Públicas Juan Pablo Schiavi y José Francisco López. Lo mismo resolvió respecto de Roberto Baratta, segundo del Ministerio en tiempos de Julio de Vido.
Para el fiscal, la figura utilizada por el juez es errónea, ya que considera que ejecutivos y ex funcionarios deben ser procesado por cohecho, es decir, el pago y cobro de sobornos para que les dieran la obra en cuestión, que tenía un presupuesto estimado de 3000 millones de dólares.
Para la fiscalía, los empresarios Héctor Javier Sánchez Caballero, Héctor Ramón Castro, Gianvincenzo Coppi, Santiago Ramón Altieri, Alejandra Érica Kademián, Ángel Jorge Antonio Calcaterra, Diego Alonso Hernández, Roberto Fabián Rodríguez, Diego Luis Pugliesso y Lorenzo Ghella, deberían responder como autores del delito de cohecho activo, mientras que el resto de los miembros y representantes de la empresas involucradas, Mario José Blanco, Riccardo Dina, Mario Cenciarini, Manuel España, Pablo Guillermo Previde, Augusto Omar Salvador Jorge Adur y Juan Ramón Garrone deberían ser considerados partícipes del mismo delito. Por su parte, los funcionarios Ricardo Raúl Jaime, Juan Pablo Schiavi, José Francisco López, y Roberto Baratta deberían responder como autores de los delitos de cohecho pasivo, en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Para Picardi, los pagos de sobornos tuvieron diversas etapas. Según la fiscalía, las empresas firmas Iecsa y Comsa realizaron pagos de un millón de pesos a Jaime, mediante consultoría inexistente con la empresa fantasma Caesa SA., que pertenecía a Manuel Vázquez (testaferro de Jaime).
Cuando la obra ya fue adjudicada, se utilizaron empresas offshore para la triangulación de dinero y se logró determinar la fuga de casi cinco millones de dólares al Principado de Andorra a través de un contrato ficticio entre las cuatro firmas ganadoras de la licitación (UTE) y la empresa española DSC (utilizada por Odebrecht en toda la región para el pago de sobornos). Una inspección de la AFIP en la UTE solicitada por la Fiscalía probó que nunca existió ninguna prestación de servicios por parte de la empresa española a la mencionada. La inspección determinó que el contrato con la empresa española DSC fue simulado y que el verdadero destino de los casi cinco millones de dólares fue pagar la coima para los funcionarios públicos.
En la trazabilidad del dinero que fugaron ilícitamente del país las empresas Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa, se logró determinar que tuvo como destino una financiera en la República Oriental del Uruguay, donde habría sido retirado en efectivo. Para Picardi el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez actuó como intermediario entre los ex funcionarios José López y Roberto Baratta. Principalmente mediante la utilización de la firma uruguaya Sabrimol Trading SA. (perteneciente a Rodríguez) como conducto para canalizar los sobornos.
En su extenso dictamen, en el que describe los correos electrónicos intercambiados entre los socios para motorizar el pago de los sobornos, el fiscal pidió además como medidas cautelares de carácter patrimonial que se embarguen las empresas Odebrecht y Ghella por la suma de 300 millones de pesos, la firma Comsa por 100 millones de pesos y a Angel Calcaterra (por la venta de las acciones mayoritarias de Iecsa) por la suma de 249 millones de pesos.