En las últimas horas todas son malas noticias para el titular del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Omar “Caballo” Suárez, detenido desde el martes por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la elevación a juicio oral de la primera causa por la que fue procesado Suárez, antes de ser detenido hace dos días como presunto jefe de una asociación ilícita, según la figura por la fue acusado por el juez.
Se trata de un procesamiento dictado en 2014 por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por "entorpecer las vías navegables", debido a maniobras ordenadas desde el gremio impidieron el paso de barcos mercantes en cinco oportunidades.
Canicoba Corral procesó por primera vez a Suárez el 5 de diciembre de 2014 por el delito de "entorpecimiento de los servicios públicos", por haber dado directivas a marineros embarcados que entorpecieron el movimiento de buques en diversos puertos.
En esa resolución, el magistrado también procesó a los directivos del SOMU Rigoberto Reymundo Suarez Cardozo y Jorge Agustín Vargas, secretarios de Sección Cubierta y de Relaciones Laborales, para quienes el fiscal Pollicita pidió el juicio oral.
En ese contexto, el juez dispuso la intervención judicial del SOMU, de la Fundación Azul, de la Asociación Mutual del SOMU, de las sociedades San Jorge Marítima S.A., Malonot S.A. y Abadía del Mar S.A., y, la intervención de la Obra Social del Personal Marítimo.
Suárez está acusado en esta causa por haber puesto en riesgo la seguridad de la navegación de un buque de fuel oil y de haber privado a los buques cargados de combustible del servicio de remolcadores para poder ingresar a puerto.
Las maniobras se llevaron adelante mediante instrucciones que desde el SOMU se enviaba a los marineros que estaban a bordo de los barcos y remolcadores para no respondieran a las instrucciones de los prácticos que estaban a cargo de las maniobras de atraque de los barcos en su llegada al puerto.
Suárez junto al Papa y la ex Presidenta.
La denuncia fue formulada por la Cámara de Armadores de Lanchas de Prácticos y las empresas Vessel SA y National Shipping, en 2012 en lo que fue la primera investigación contra el sindicalista, cercano al Papa Francisco y uno de los preferidos de la ex presidenta Cristina Kirchner.
Uno de los denunciantes, Miguel Angel Doñate, el apoderado de la Cámara sostuvo que eran habituales diversas prácticas “instaladas como usos y costumbres por el SOMU como medio de presión para obtener beneficios injustificados, obligando a las empresas nacionales,extranjeras y/o aquellas de las cuales es partícipe a que realicen actos que no guardan ningún tipo de relación con la actividad sindical ni la defensa de los trabajadores”.
“Las reiteradas interferencias del SOMU apelan a recursos tales como: (I) instruir a los marineros de los remolcadores sin que medie conflicto laboral alguno a negar sus servicios para atender a determinados buques; (II) amenazar a tripulantes para que no brinden servicios (marineros, prácticos, etc.)”, agregó Doñate, según recuerda el fiscal Pollicita en su dictamen, al que tuvo acceso BigBang.
Esa causa derivó en la investigación sobre la administración del gremio y en la intervención de SOMU ordenada por el juez Canicoba Corral en febrero. En ese lugar fue nombrada como interventora la diputada del PRO Gladys González.
“Tuvimos que reconstruir toda la documentación. El gremio y las empresas que intervenimos, ya que además intervenimos la mutual, la fundación y dos empresas, San Jorge y Malonot, no tenían libros, balances, las computadoras estaban vacías. Se llevaron toda la documentación para ocultar el desvío de fondos”, dijo González en una entrevista con la radio Cadena Eco.
“Presentamos denuncias sobre lavado de archivos y el fiscal Ramiro González lo imputó la semana pasada, así que ahora estamos en una investigación que tiene que ver con eso. La intervención tiene plazo hasta febrero del año que viene. Entonces vamos a normalizar y llamar a elecciones”, agregó González.
Según el fiscal, además del entorpecimiento de las vías navegables, debían investigarse los delitos de extorsión y de administración fraudulenta. “El segundo supuesto delictivo se refiere a la presunta administración fraudulenta en que estarían incurriendo autoridades del SOMU mediante el indebido otorgamiento de beneficios a buques extranjeros a cambio del cobro de importantes sumas de dinero que supuestamente se aplicarían a la capacitación de los trabajadores, pero que en realidad serían destinadas a la Fundación Azul perteneciente al sindicato, que a su vez las desviaría a la firma “San Jorge Marítima S.A.”, escribió el fiscal.
Los apoderados y directivos de la empresa National Shipping declararon en la causa que habían sufrido todo tipo de maniobras, ordenadas por la conducción del gremio, debido a que se habían negado a seguir pagando las “colaboraciones” destinadas supuestamente a darles cursos a los marineros. Esto fue parte del segundo procesamiento dictado por Canicoba Corral contra la conducción del sindicato.
“Si bien en la mayoría de los casos en los que se impartía alguna medida de bloqueo, se intentaba justificar ese ilegítimo accionar en la existencia de algún conflicto sindical por parte del
SOMU
, lo cierto es que los conflictos no eran tales”, sostuvo
Pollicita
al pedir que
Suárez
, y los otros dos directivos del gremio sean enviados a juicio oral.