30 Septiembre de 2020 10:43
El asesinato del agente de la Policía Federal (PFA), Juan Pablo Roldán, volvió a poner en el centro de la escena el debate sobre el uso o no de las pistolas Taser que, en algunas jurisdicciones, ya se encuentran en el país.
Los disparadores que volvieron a poner el tema fueron las declaraciones de la viuda del efectivo asesinado, como también de su madre, que remarcaron que los agentes policiales tienen miedo de utilizar su arma reglamentaria.
A su vez, desde Juntos por el Cambio se encargaron de vitalizar un video del ex presidente Mauricio Macri que en 2010, cuando como jefe de Gobierno empezó a sondear la posibilidad de que la entonces Policía Metropolitana las utilice, afirmaba que con un sólo caso de un policía que muera por un ataque de arma blanca ya era suficiente como para darles modos no letales de neutralizar amenazas.
Ayer, en el propio Gobierno, hubo voces disímiles. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, reclamaron su utilización, aunque el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró que por ahora están descartadas.
Pero, al margen de la disputa mediática, lo cierto es que algunas jurisdicciones en el país ya compraron, o están en proceso de hacerlo. A nivel nacional, el ministerio de Seguridad adquirió 90 pistolas Taser el año pasado.
El Gobierno de la Ciudad, por su parte, se encuentra en el medio de una licitación para comprar cerca de 300. "Nuestra intención es equipar con estos instrumentos tipo Taser a nuestra Policía, como una herramienta más para cuidar a los que nos cuidan. Por eso di la instrucción de reiniciar el proceso de compra de 300 de estas unidades", confirmó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en diálogo con el diario Clarín.
A esas se suman 300 que ya adquirió la provincia de Buenos Aires el año pasado para el Grupo Halcón. Se trata del modelo X2, que cuenta además de los sistemas on line para corroborar cuándo se disparó, el voltaje que se usó y durante cuánto tiempo se descargó, la capacidad de filmar desde que se desenfunda el arma hasta que se termina de utilizar. “Es una forma más de controlar su uso”, explicaron fuentes oficiales.
Los precios varían entre los USD 1.200 y USD 2.000 por unidad dependiendo de las medidas de control que tengan. Por ejemplo, los modelos que cuentan con la cámara para poder auditar cuándo se utilizó son más caros.
Una de las dudas alrededor de estas armas es si efectivamente son letales o no. En dialogo con BigBang, el cardiólogo Francisco José Toscano Quilon, médico cardiólogo (MN 95.358), miembro de la Fundación Cardiológica Argentina y especialista en cuestiones de marca pasos desmintió que exista algún tipo de complicación del uso de estas armas no letales con pacientes con cardiopatías. "El voltaje de las Taser se encuentra muy por debajo de lo que se necesita para generar una arritmia (modificar el pulso del corazón). Para que explicarlo bien, una Taser genera 0,26 joules y para afectar un marca pasos o para desfibrilar se necesitan entre 150 y 400 joules", afirmó.
Un dato no menor además es que Toscano, como también lo hará en breve la SAC mediante un comunicado, rechazó que exista evidencia sobre que el uso de las Taser haya provocado alguna muerte. "Los casos que se conocen están asociados a otras cuestiones como la ingesta de estupefacientes. Al momento no existe evidencia científica que registre muertes por fibrilación ventricular", añadió.
¿Pero son legales en Argentina?
Luego de la polémica inicial la causa por el uso o no de las Taser llegó a la Corte Suprema. El expediente se inició por el fuerte rechazo que tuvo la decisión del Gobierno de la Ciudad de avanzar con estas armas en los diferentes organismos de Derechos Humanos que llevaron su reclamo al máximo tribunal del país.En una decisión unánime, los magistrados de la Corte avalaron el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que le permite a la Policía porteña usar las pistolas Taser. De esa forma, los ministros del tribunal desestimaron el planteo elevado con el objeto de que se impidiera la utilización de estas armas "no letales" denominadas "Taser x 26", por parte de la fuerza de la Ciudad.
En concreto, el máximo tribunal nacional consideró que era insostenible la afirmación de que fueran a ser usadas mediante un obrar inconstitucional por la policía local, porque demostraba lo hipotético del planteo, en la medida en que el demandante jamás había sido objeto de práctica alguna de parte.
Poco más de dos años después, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elaboró un protocolo para su uso para que repliquen las diferentes fuerzas de seguridad en el país. Esa resolución, derogada luego con el cambio de Gobierno en 2019, establecía que solamente podían ser usadas en las siguientes circunstancias:
Para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse. Cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas. Para impedir la comisión de un delito de acción pública.
Críticas al uso de las Taser
La discusión alrededor de las Taser comenzó en 2010 con los primeros pasos de la Policía Metropolitana. Al trascender que se pretendía incorporar estas armas eléctricas como instrumentos de los efectivos, los organismos de Derechos Humanos cuestionaron duramente la idea.Sus argumentos se apoyaban en informes de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que señalaban que las Taser eran culpables de más de 600 muertes en Estados Unidos desde 2001 y habían sido utilizada contra 431 menores en el Reino Unido solamente en 2013.
“Las Taser son presentadas como un 'arma menos letal', pero la experiencia internacional demuestra que justamente esa categorización conduce a usos indiscriminados porque los funcionarios suponen que pueden utilizarlas con menos restricciones que a las armas letales”, sostuvieron en ese entonces desde el CELS, en donde explicaron además que “las Taser sólo reducen la letalidad policial si se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal, no si su supuesta “no letalidad” habilita que se amplíen las situaciones en las que los policías podrían disparar”.
En los fundamentos que esgrimieron desde ese organismo se encontraba además un estudio realizado por Amnesty International en los Estados Unidos que mostró que de 334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000 y 2007, sólo 33 portaban armas y sólo 4 armas de fuego. Es decir, más del 90% de las víctimas fatales estaban desarmadas.
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“La American Civil Liberties Union (ACLU) también advirtió sobre los riesgos derivados de que las Taser ya no son utilizadas por las policías estadounidenses como un reemplazo del arma letal en situaciones de último recurso, sino como un instrumento de control. Este modo de usar las armas “menos letales” ha llevado a la multiplicación de muertes. Investigaciones realizadas en los EE. UU registraron no menos de mil casos de muertos entre 2000 y 2017 por el uso inadecuado de las pistolas”, agregaron.
