“Sin palabras”. El canciller Felipe Solá finalizó su tuit con lo que le generó el insólito comunicado de prensa que publicó el PRO, sobre la polémica con Chile, luego de que el presidente de dicho país, Sebastián Piñera, decidiera, por decreto, que hay más de 5.000 kilómetros cuadrados de la plataforma continental de Argentina, que considera suyos.
En la publicación de la secretaría de Relación Internacionales del partido que preside Patricia Bullrich igualaron un reconocimiento de la ONU sobre los derechos argentinos en su territorio con el decreto que Piñera firmó hace pocos días. Una verdadera locura. Por eso, Solá salió al cruce en Twitter.
En la mañana del martes, el canciller escribió: "El PRO ha puesto en un plano de igualdad el reconocimiento de la ONU de los derechos argentinos sobre el mar austral con una decisión unilateral expresada en un decreto presidencial de Chile. Reniegan de nuestros derechos dejando de lado los intereses de la Patria. Sin palabras".
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Además adjuntó el comunicado firmado por Bullrich y por Fulvio Pompeo, que se encuentra imputado por el tráfico de municiones a Bolivia durante 2019, cuando era secretario de Asuntos Estratégicos durante la presidencia de Mauricio Macri.
La publicación del PRO reza: “Habiéndose verificado diferencias en el trazado de las respectivas plataformas continentales de Argentina y Chile, proponemos que ambas Cancillerías, en los ámbitos existentes de cooperación e integración bilateral y regional, se reúnan e inicien un diálogo que permita zanjar las diferencias hoy existentes, comunicando en forma conjunta lo que resulte acordado a la COLC establecida en el marco de CONMEVAR así como a otras autoridades pertinentes de la ONU, mostrando la capacidad de entendimiento entre las dos naciones. En los últimos 30 años, Argentina y Chile han logrado resolver pacíficamente más de 25 diferendos fronterizos a lo largo de 5.000 kilómetros, que habían producido graves tensiones durante más de un siglo. Con ese mismo espíritu, no podemos retrotaernos a los tiempos de la desconfianza recíproca”.
Con dicho texto, desde el PRO no sólo no toman en cuenta la soberanía argentina sino que dejan de lado la decisión del Gobierno Nacional que denunció al presidente chileno por intentar apropiarse de la plataforma continental y de una enorme área de los fondos marinos y oceánicos que, sin dudas, le pertenecen a Argentina. Lo que sospechan desde la oposición chilena es que Piñera pretende levantar su pésima imagen con un conflicto internacional.
La semana pasada, y a través de otro comunicado, la Cancillería había afirmado: “Se tomó conocimiento de una medida del Gobierno de Chile publicada en el día de ayer y fechada el pasado 23 de agosto en el Diario Oficial de ese país, relativa a espacios marítimos, que pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984".
Tras la denuncia del Gobierno argentino, Piñera fue al choque y dijo: “Lo que Chile está haciendo es ejercer su derecho y declarar su plataforma continental”. En tanto, el canciller chileno, Andrés Allamand, dijo en conferencia: “Nadie se apropia de lo que le pertenece. La zona señalada, la llamada plataforma continental jurídica, que llega hasta las 200 millas, le pertenece a Chile de pleno derecho desde el principio simplemente porque tenemos la calidad de Estado ribereño".
Y continuó: “Hay una continuidad histórica en la posición y en el planteamiento chileno", ya que en el año 2009, cuando la Argentina formuló 'su petición de una medialuna de plataforma continental extendida al sureste del punto F´, Chile señaló que esa pretensión era inoponible e hizo reserva de sus derechos".
En ese sentido, Allamand recordó que un hecho parecido sucedió en 2016 cuando la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas se pronunció respecto al tema. “También sucedió en 2020, cuando la Argentina estableció legalmente a través de una ley en su Congreso los límites de la plataforma continental extendida".
Lo cierto es que para el Gobierno argentino el tema ya estaba cerrado hacía tiempo. Por eso, en los documentos presentados por los asesores de la Cancillería remarcaron que la discusión por los límites de la plataforma habían quedado terminadas con el expediente que se inició en 2009, luego de 20 años de consultas por parte de las autoridades argentinas, y que fue aceptado por Chile.
“Entre el 2012 y el 2016 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental analizó la presentación argentina. Al no haber ninguna objeción a la prolongación de la plataforma al Sur de la Isla de Tierra del Fuego, la Comisión lo incluyó en las zonas a analizar. La Subcomisión que analizó la presentación se reunió tres veces al año con la delegación argentina y sus informes son públicos y están en la página web de Naciones Unidas”, sostiene uno de los párrafos del documento.
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“El 11 de Marzo de 2016 la Comisión adoptó recomendaciones positivas sobre límite exterior de la plataforma continental argentina, las que son públicas. En el documento publicado se puede encontrar detalle de lo presentado por la Argentina y el análisis que la Comisión ha hecho del sector del Sur de Tierra del Fuego, con la confirmación de que el Espolón de Tierra del Fuego es una prolongación natural del margen continental argentino”, agregan en otro pasaje.
Luego de que la Comisión recomendó públicamente a Argentina que determinara el límite de su plataforma continental al Sur de Tierra del Fuego con los puntos que había presentado, Chile no realizó ninguna objeción. A eso se le sumó la aprobación por unanimidad de la ley 27.557 que demarca la plataforma continental de acuerdo con las Recomendaciones de la Comisión, transformando el límite en definitivo y obligatorio de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
“El presunto límite presentado ahora por Chile, además de apropiarse ilegítimamente de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos que son patrimonio común de la humanidad, no es coherente con su actuación en las relaciones bilaterales y ante la Comisión”, concluye el informe.