20 Julio de 2020 14:10
Polémica por la emisión de permisos de circulación falsos para funcionarios locales en la localidad de El Hoyo de Chubut. A continuación, la opinión del diputado nacional por la mencionada provincia Ignacio Torres y las denuncias en contra del ahora suspendido intendente.
Otro polémico hecho político en Chubut es noticia nacional: la suspensión del intendente de El Hoyo y de un concejal generó la reacción de dirigentes, funcionarios y referentes de distintas organizaciones y partidos, de una manera tan automática que prácticamente carece de argumento.
En la localidad de El Hoyo, en pleno aislamiento por la pandemia, se descubrió la emisión de distintos permisos de circulación apócrifos expedidos presuntamente por funcionarios locales. El hecho fue el disparador para que se creara una comisión de investigación desde el Honorable Concejo Deliberante, amparándose en la ley de Corporaciones Municipales (Ley VXI N° 46) que rige a las ciudades que no poseen carta orgánica propia.
Es decir, ante un hecho evidentemente ilícito, se activaron los mecanismos inmediatos para investigarlo desde una de las tantas instituciones posibles, de esta manera el juego de la democracia y la división de poderes se plasmaron mediante hechos legítimos y concretos.
Con la comisión conformada, distintos actos se suscitaron haciendo difícil avanzar con la investigación, pero el detonante, fue la filtración por parte de un concejal que tomó los documentos de la comisión investigadora y brindó detalles de uno de los testigos al ejecutivo municipal, y que posteriormente, derivó en la denuncia del mismo por parte del intendente de la localidad.
Hasta acá los hechos son; se descubren permisos truchos, se conforma una comisión para su investigación, se filtra información de los testimonios y desde el ejecutivo se denuncia a un testigo. De esta manera, resulta evidente la dificultad para avanzar con la investigación de los hechos denunciados, toda vez que tanto desde el propio concejo y desde el municipio se buscara entorpecer dicho análisis.
A raíz de esto, los concejales intervinientes deciden activar otro mecanismo consagrado en el artículo 113 de mencionada Ley de Corporaciones Municipales, y suspenden, con dos tercios de los votos, al intendente de El Hoyo y al concejal, por considerar que tales hechos resultan de carácter grave.
Pero hasta aquí, resulta una serie de eventos propios de la vida de las instituciones libres e independientes de una localidad, sin embargo, prosiguió una extensa serie de manifestaciones sin contenido, y de un romanticismo infantil que prefiere ignorar el ejercicio democrático de las instituciones, predominando así una la falsa solidaridad, puesto que se apoya al victimario y no a la víctima, que no es otra que la del pueblo de El Hoyo.
Acaso estos intendentes, referentes, funcionarios y dirigentes políticos que expresan por redes sociales su “apoyo al intendente del El Hoyo” ¿ignoran los hechos investigados? ¿Ignoran las herramientas institucionales y las normas que las amparan? O acaso una vez que, de manera rápida y efectiva, se activan los mecanismos de control correspondientes, la clase política, cual sindicato del poder, actúa en bloque para velar por sus intereses particulares o partidarios y no por la de sus representados.
El intendente suspendido temporalmente, se manifestó en contra de los traidores que accionaron contra su investidura a pesar de ser de su propia coalición de gobierno, por lo que pidió no dejarlos pasar y echarlos del partido. Asimismo, repudiar el “accionar de la mayoría”, y tildar de “antidemocráticas” las herramientas que precisamente brinda el sistema republicano y democrático, es una contradicción manifiesta, y una negación a la libertad de acción de quienes también fueron elegidos por el pueblo.
Finalmente, el gobernador de la provincia se expidió diciendo que “He decidido intervenir la Municipalidad de El Hoyo, en claro mensaje de que lo que elige un pueblo en voto popular no puede cambiarse ni doblegarse”. El mensaje, en clave política, es en defensa propia, toda vez que recientemente se le diera estado parlamentario en la legislatura provincial al pedido de juicio política en su contra. La intervención provincial en cualquier localidad, se habilita en el artículo 143 de la constitución del Chubut, sin embargo, requiere de una ley sancionada en la legislatura con dos tercios de los votos, por lo que una simple gacetilla de prensa no alcanzaría para tal fin.
Queda claro que, el paso en falso del gobernador, lo expone frente a todo el arco político en un torpe mensaje de seguridad institucional, al anunciar una intervención que no reúne los requisitos para realizarse y, al contrario, sí reúne la provincia sumida hoy en semejante crisis para una intervención federal.
La enorme depresión económico y financiera de las arcas del estado, los incasables casos de corrupción de todo el gabinete provincial, la falta de respuestas a las demandas más básicas de los trabajadores todo el sector público, y la falta total de acompañamiento al sector privado, allanan el camino para que el juicio político contra el gobernador avance, o por qué no, la intervención federal por parte del gobierno nacional.
