Por medio de una acordada, dos jueces de la Cámara Nacional Electoral criticaron al Gobierno por haberle otorgado el negocio millonario del escrutinio provisorio a la empresa Indra, en una maniobra cuestionada ya que señalan que es un negocio que no debe quedar en manos privadas. La compañía ganó la licitación y cobrará 25 millones de dólares por los servicios que prestarán en las PASO y en las generales.
El malestar comenzó semanas atrás, pero hoy dos camaristas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, firmaron una acordada en la que rechazaban una versión divulgada por el Ministerio del Interior, que señalaba que la propia Cámara Nacional Electoral había ordenado que se ocupara el Correo Argentino, por medio de una empresa privada.
La Cámara Nacional Electoral criticó al Ejecutivo por el escrutinio provisorio.
Puertas adentro de la Cámara Nacional Electoral (CNE) hay malestar, ya que desde el Ejecutivo apuntaron hacia ellos por el escrutinio provisorio, que nunca estuvo en sus manos y que inclusive señalan que no tiene validez judicial. En enero se firmaron dos acordadas en las que se presentaba un instructivo acerca de cómo debía llevarse a cabo el escrutinio provisorio para evitar irregularidades en el conteo, como las que fueron denunciadas en más de una ocasión en el pasado.
Lo cierto es que la Cámara siempre rechazó que una empresa privada realice el escrutinio provisorio, que está en manos del Ministerio del Interior. El definitivo, en cambio, sí queda bajo la órbita de la CNE. “La Cámara siempre estuvo en contra de privatizar la elección”, señalaron fuentes judiciales a BigBang.
En cambio, la Cámara había propuesto una serie de medidas para que el escrutinio provisorio sea más ágil. El antecedente de 2015, cuando en las PASO y en las generales se produjo una demora de varias horas en el recuento, fue el punto de partida. Entre las propuestas que fueron presentadas en enero se destacan la instalación de GPS para controlar a los camiones que trasladan las actas, así como la instalación de un sistema de trazabilidad en las urnas, padrones y materiales para las mesas de votación.
El negocio volvió a quedar en manos de la empresa Indra, como desde hace 20 años.
En la acordada que firmaron hoy los camaristas Dalla Via y Corcuera se apunta que esas recomendaciones realizadas no requerían “un presupuesto significativo en relación al total asignado” ni al que “históricamente se destinó al rubro”, y rechazaron que esas recomendaciones “supongan la intervención de ninguna empresa privada”. Al contrario: aseguran que buscaban prescindir de la “acostumbrada” contratación de terceros.
Será en este contexto que mañana a las 15 todos los camaristas electorales del país se reunirán con el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, en la Casa Rosada. BigBang supo que la reunión es de estricto carácter electoral, debido a la cercanía de los comicios. Sin embargo, no se descartaba que los magistrados le trasmitan las críticas al funcionario.
INDRA, LA EMPRESA A CARGO DE LAS ELECCIONES
La participación de Indra en comicios no es nueva, pero por eso no es menos escandalosa. La compañía está a cargo del recuento de votos desde 1997, y este año volvió a quedar en sus manos, luego de una licitación que se resolvió días atrás, y que no fue abierta por el Ministerio del Interior, sino que lo hizo el Correo Argentino.
Indra ganó la licitación y se llevará 25 millones de dólares por el escrutinio provisorio.
Además de Indra, participaron las compañías Smartmatic y MSA. Lo llamativo es que incluso antes de resolver el trámite, en el Gobierno deslizaban que la empresa era “una de las favoritas”. Por el servicio que prestarán, tanto en las PASO del 13 de agosto como en las generales del 22 de octubre, la empresa cobrará 25 millones de dólares.
En un comunicado, el Correo aseguró días atrás que la empresa española fue la que ofreció el precio más bajo: en 2015, la licitación que ganó fue por 31 millones. El precio sería más bajo en esta ocasión debido a que no hay ballottage y son sólo dos tramos electorales.
En España, la empresa es investigada en el marco de una causa por la financiación ilegal de la campaña electoral del Partido Popular (PP) madrileño en 2011. Según el diario El País, la Justicia detectó que la empresa financiaba de manera ilegítima al PP a cambio de obtener contratos con sobreprecios.