Según un estudio realizado en 2014 por el Centro de Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), en la Argentina hay abiertas unas 750 causas por corrupción cometida por funcionarios y ex funcionarios desde 1986 a la fecha, en las que se investiga el robo al Estado de más de U$S 10 mil millones. El mismo centro reveló que, en promedio, cada causa lleva unos 14 años de duración.
La condenas que recibieron hoy el ex presidente Carlos Menem, a 4 años y medio de prisión, y el ex ministro de Economía- de Menem, primero, y luego de De la Rúa-, Domingo Felipe Cavallo, a 3 años y medio, plantean el mismo interrogante: ¿Cuántos funcionarios resultan condenados tras su paso por la gestión pública? No son muchos, si se tienen en cuenta la cantidad de causas abiertas, según CIPCE, al menos hasta el año pasado. Aquí los casos más resonantes. En la mayoría de las causas la prisión no se cumple por las distintas apelaciones que presentan los políticos involkucrados.
Menem y Cavallo fueron condenados hoy en la causa de los sobresueldos.
Ricardo Jaime
Es el caso quizá más simbólico porque es probable que se convierta en el primer funcionario, desde la restauración democrática para acá, que vaya a la cárcel a cumplir la condena.
Jaime en el banquillo de los acusados, junto a Juan Pablo Schiavi, por la masacre de Once.
El ex secretario de Transporte es quizá de los 12 años de gobierno del kirchnerismo, el funcionario más procesado: tiene más de una veintena causas en su contra. Y sabiendo esto, además de tomar en cuenta que está procesado por la Masacre de Once (en la que la querella pidió al menos 11 años de prisión en el juicio oral), es que en otra causa donde afrontaba cargos por corrupción, aceptó los cargos y en un juicio abreviado fue condenado a 1 año y medio de prisión.
Y al aceptar su culpabilidad, que llevó adelante el juez Julián Ercolini, deberá devolver el dinero. Es la causa conocida como “Dádivas”, en la que el ex funcionario admitió haber recibido casi una quincena de viajes en vuelos privados a Brasil, Córdoba y Uruguay, de parte de la Concesionaria TBA, que gerenciaba justamente entre otros ferrocarriles, la línea Sarmiento, cuya formación terminó estrellándose contra el andén de la terminal de Once.
El fastuoso yate de Ricardo Jaime, que anduvo amarrado por Buzios y Punta del Este.
Además, Jaime admitió haber obtenido el pago y las garantías de dos departamentos en los que vivió, en ese caso de la empresa TEBA que gerenciaba la Terminal de Micros de Retiro. En síntesis, el juez lo encontró culpable de recibir dádivas en 19 oportunidades en perjuicio del patrimonio estatal.
Por otra parte, una de las causas que más lo preocupa es la de enriquecimiento ilícito, a cargo del juez federal Sebastián Cassanello, que lo procesó y le trabó un embargo sobre sus bienes por $ 40 millones. Para Cassanello, Jaime ni sus testaferros pudieron justificar el origen de los bienes que adquirieron mientras el ex funcionario manejó cifras millonarias en subsidios al transporte.
El avión que Jaime decía que era de él, a la venta con una nueva matrícula, según Clarín.
Con este nuevo procesamiento, el ex funcionario estaría a punto de ir a prisión con sólo una condena más.
Además del ex funcionario en esta causa están procesados una larga lista de presuntos testaferros, entre los que se encuentran su ex mujer, Sylvia Reyss; las dos hijas de ella, Agostina y Lorena Jayo; uno de los hermanos de Jaime, Daniel Jaime, quien hizo negocios de obra pública ferroviara. Las tres hijas de Jaime, Gimena, Romina y Julieta, fueron consideradas encubridoras de los negocios de su padre y quedaron fuera del procesamiento. Para la Ley Argentina, que lo familiares de sangre protejan o encubran a un miembro culpable no es considerado delito.
Uno de los hoteles, en Florianopolis, que estaban a nombre de su ex mujer.
Otro de los procesados es Julián Soba Rojo, quien según la Justicia compró el diario La Mañana de Córdoba, para Jaime.
En esta última causa, el fiscal Carlos Rívolo sospecha que el dinero negro que supuestamente hizo Jaime aumentó notablemente su patrimonio, a saber: la compra de casas, autos, un spa, un hotel en Brasil, un yate, el pago de pasajes, los gastos del avión de U$S 4 millones que Jaime usaba como propio, fueron algunos de los bienes que no se pudieron justificar.
Ricardo Jaime en una fotografía junto a sus hijas.
Carlos Menem
Menem fue condenado hoy a cuatro años y medio.
Además de esta reciente condena, el ex presidente fue condenado, en abril de 2013, a 7 años y medio de prisión por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Y está siendo procesado en el juicio Oral que se sustancia en estos momentos por el encubrimiento de la voladura de la Amia. La Causa se conoce como AMIA II. Y habrá que ver qué ocurre con la causa donde se investiga la explosión de la Fábrica Militar de Rio III. Sin embargo, Menem, ya longevo, goza de los fueros que le brinda la banca de senador por La Rioja.
En 2001 estuvo con prisión domiciliaria por la causa Armas.
Hoy Menem fue condenado junto a Cavallo y al ex ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, en una causa por el pago de sobresueldos por un monto aproximado de $ 4.152.827.200, que provenían, según lo probó el Tribunal Oral Federal 4, de partidas destinadas a gastos reservados para fines de seguridad e inteligencia,
María Julia Alsogaray
María Julia pasó una temporada detenida en una dependencia de la Policía Federal.
En la misma causa donde Menem y Cavallo fueron condenados hoy, la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, fue sobreseida. Sin embargo, la ex funcionaria fue condenada, en septiembre de este año, por la Cámara de Casación Penal a la pena de 4 años de prisión por corrupción durante la privatización de la ex empresa estatal de telecomunicaciones Entel. De todas formas, la ex interventora de esa empresa, tiene por delante el derecho de apelar ante la Corte Suprema de Justicia, aunque en esa instancia no se discutirán los hechos juzgados sino cuestiones vinculadas a si se le respetó el debido proceso y las garantías constitucionales.
La tapa de Noticias, con una María Julia semi desnuda envuelta en pieles.
Alsogaray fue encontrada culpable de haber efectuado una contratación “ilegítima y fraudulenta” para un concurso con el fin de contratar una consultoría para realizar un análisis de la administración de esa empresa. Además de la funcionaria, en esta causa fueron condenados el ex coordinador general de la telefónica estatal, Gustavo Daneri, a la misma pena que Alsogaray.
Felisa Miceli
La ex ministra de Economía de Néstor Kirchner, sentada frente al tribunal que la condenó.
En abril de este año, la ex ministra de Economía del gobierno kirchnerista, Felisa Miceli, resultó favorecida por el Tribunal Oral 1, que le bajó su pena y la condenó a 3 años de prisión en suspenso, es decir no irá a la cárcel. Además quedó inhabilitada para ejercer cargo públicos por 6 años en la causa en la que se la investigó por el hallazgo de una bolsa con $100 mil y U$S 31 mil, en el baño de su despacho del ministerio de Economía. La noticia había sido difundida por el Diario Perfil en 2007, a través de una investigación de Jorge Lanata, cuando aún escribía en el bisemanario.
Al salir de Economía, Kirchner le pidió que ordenara los números de la Fundación Madres.
La ex funcionaria había sido condenada en diciembre de 2012 por el TOF 2 a cuatro años de prisión por “encubrimiento agravado de maniobra irregular”, pero luego la Cámara Federal pidió que se revisara la pena.
Durante el juicio oral, Miceli reconoció estaba arrepentida y señaló: “Sería una injusticia que vaya presa, estoy arrepentida de llevar ese dinero, cometí un error. Me da rabia. Nunca más voy a ocupar un cargo público, ya aprendí la lección”.
“Sería una injusticia que vaya presa
La bolsa había sido encontrada en el baño de su despacho el 5 de junio de 2007, durante una inspección de rutina del cuerpo de Bomberos. Durante el juicio Miceli siempre sostuvo que el dinero era para realizar una operación inmobiliaria y que lo había obtenido por medio de préstamos, aunque nunca pudo probarlo.
Miceli sale de tomar un café en el bar de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Armando Gostanián
En agosto de este año, el ex presidente de la casa de la Moneda durante la gestión de Carlos Menem fue condenado a cinco años de prisión y a devolver cerca de U$S 800 mil, por el cobro de una coima a una empresa alemana mediante sobreprecios para la compra de equipos técnicos para imprimir billetes.
Gostanián era el dueño de las sastrería Rigar's e íntimo amigo de Menem.
El TOF 4, dispuso que el ex funcionario, de 81 años, sea detenido una vez que la condena quede firme, aunque en virtud de su avanzada edad podrá cumplir la pena en su domicilio, tal como lo establece la Ley para aquellas personas mayores de 75 años. En esa misma causa fueron condenados, además, el vicepresidente de la casa de la Moneda, Juan Carlos Kalfaian, y el ex gerente general, Rubén Chorbadjian, ambos a 3 años de prisión y a devolver US$ 100 mil cada uno. También el representante en la Argentina de la empresa alemana “Atlantic Zeiser”, Jorge Molina, condenado a 2 años de prisión y a restituir unos U$S 200 mil.
Caso Yacyretá
Un grupo de ex funcionarios de la secretaría de Industria, que ejercieron durante 1999, fueron condenados a penas de cuatros años de prisión efectiva por autorizar el pago de reembolsos a una empresa italiana que proveyó reactores usados a la represa Yacyretá, uno de los monumentos a la corrupción en la Argentina. Se trata de la primera condena por corrupción en la represa binacional, considerada sinónimo del fraude, en este caso por $ 17 millones.
El ente binacional, que administra argentinos y paraguayos, fue a través de los años un gran monumento a la corrupción.
Horas antes de que la causa prescribiera, en abril de 2013, la Justicia condenó al ex subsecretario de Industria, Miguel Angel Cuervo; Luis Manzo, ex jefe del departamento financiero de Yacyretá; Eduardo Esteban, ex funcionario de Industria y Alfredo José valle, ex director nacional de Industria. Además se condenó al apoderado de la firma italiana Ansaldo Energía SA, José Luis Álvarez y al contador, Horacio Seligra. La firma italiana, sin embargo, llegó a un arreglo al devolver $ 31 millones para seguir haciendo negocios en la Argentina. De todas formas las condenas aún no están firmes.