26 Agosto de 2016 05:02
"Si no se van en 5 o 10 minutos, los vamos a sacar", pronunció exaltada la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al anunciar con bombos y platillos el flamante protocolo de seguridad que prometía con terminar con los piquetes en todo el país. Pero nada de esto ocurrió.
En más de nueve meses de gestión, la administración macrista no logró contener los movimientos callejeros y los procedimientos en seguridad del Gobierno resultan ineficientes. Basta ver el resultado de la última protesta en la autopista Buenos Aires La Plata, que comenzó a las 11 y las autoridades de seguridad desalojaron pasadas las 15.
Por otra parte, a pesar de la ineficiencia en los operativos de seguridad, aceptada incluso en la intimidad de los funcionarios de gobierno, las protestas y tomas de calle en 2016 tuvieron un alto grado de violencia.
La toma de un espacio público abre, a la vez, un fuerte debate en torno al derecho ciudadano, tanto de quienes protestan como de aquellos afectados por la medida. Sólo la autopista La Plata-Buenos Aires es utilizada por más de 250 mil usuarios a diarios, que se ven afectados cada vez con más frecuencia.
En lo que va de 2016, hubo 3.241 protestas en todo el país, entre ellas tomas de calles y espacios públicos. El macrismo sufrió más protestas que el kirchnerismo, si comparamos los datos del primer semestre del corriente año con los de 2015. El Gobierno de Cristina Kirchner lidió con 3177 protestas.
Del total de manifestaciones en 2016, unas 492 corresponden a la provincia de Buenos Aires, el distrito con más reclamos del país, mientras que la Capital Federal sufrió 310 piquetes hasta el mes de junio del corriente año. Es decir que en el primer semestre de Macri no se cumplió con la promesa de Bullrich. ¿Por qué ocurre esto?
Algunos analistas y especialistas en seguridad, que pidieron reserva, coinciden en que Gendarmería no es la fuerza adecuada para llevar adelante los procedimientos de desalojo de las calles, aunque también cuestionan la falta de decisión política de acabar con las protestas.
El rol de la Gendarmería: clave a la hora de todos los fracasos
Por un lado aseguran que para resolver la cuestión, la seguridad debe llevar adelante la decisión, en primer lugar, de disuadir a los manifestantes, y si la situación lo requiere, reprimir, un costo político muy alto que ningún mandatario provincial, o el propio presidente quiere cargar sobre sus espaldas en un país con índices de desempleo elevados y un escenario inflacionario que no cede.
En el primer semestre del año hubo más de 3 mil cortes de calle.
Entre otras cuestiones, el protocolo de seguridad de Bullrich plantea una instancia de negociación que rara vez arroja resultados positivos. En ese sentido, Gendarmería, una fuerza de seguridad militarizada, no contempla un entrenamiento formal para disuadir piquetes. “Debería estar en la frontera, no en una autopista”, explican.
Gendarmería es un organismo militarizado que muchas veces enfrenta una manifestación sin líderes.
Por otra parte, el proceso de negociación plantea una falencia, si se tiene en cuenta que en buena parte de las protestas vecinales espontáneas no existe una voz de mando o representación del grupo. Es decir que las fuerzas de seguridad deberían dialogar con cada persona que protesta para llegar a un acuerdo.
En todas las provincias hubo cortes de calles a lo largo del año.
En el macrismo no son ajenos a esta cuestión y cuestiones el elevado número de protestas en el país. “Hay una violencia sostenida que no tiene explicación. Desde los ministerios de desarrollo social de la Nación, la Ciudad y la Provincia se asiste a las agrupaciones sociales como nunca antes”, explica a BigBang una fuente del gobierno porteño.
Entienden que existen intereses políticos que alimentan estas protestas y apuntan hacia el kirchnerismo y los grupos de izquierda. Lo cierto es que la situación se vuelve cada vez más compleja y el Gobierno parece cada vez más lejos de resolverla.
