21 Diciembre de 2018 11:59
La denuncia contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, por las irregularidades en la licitación de la mega obra del Paseo del Bajo ya comenzó su senda judicial en los tribunales federales de Comodoro Py.
Avanza la denuncia por irregularidades en la obra del Paseo del Bajo que habrían beneficiado al primo de Macri
Pero, ¿cuáles son los puntos clave que el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Carlos Stornelli tendrá que dilucidar para comprobar si efectivamente se cometió un delito?
La denuncia que realizó la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura, y que luego cursó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, contempla los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles con las funciones de un funcionario público.
El juez a cargo de la investigación, Sebastián Casanello.
El motivo de la denuncia fueron los cambios que realizó en la licitación Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) que hicieron que se licite primero el tramo más barato de la obra en vez del más caro como estaba proyectado en un principio. La sospecha es que la acción derivó del conocimiento de la actuación en el mercado de Corsán-Corviam, la filial argentina de Isolux conocida como la “Odebrecht española” por la causa de pago de coimas que afronta en México, y sus ofertas bajas para hacerse de una gran cantidad de contratos para volver a darle valor a la empresa.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Eso habría derivado, de acuerdo a la denuncia que se sustentó en un informe del mencionado cuerpo colegiado que publicó en exclusiva Big Bang, en que desde la Ciudad procuraran favorecer a IECSA con un cambio de orden para que así se pueda quedar con el tramo más jugoso del Paseo del Bajo, el C.
La obra, por su envergadura, se dividió en varios tramos entre lo que comprende a las autopistas (lo de mayor costo) y los trabajos satélites. En lo que respecta a la vía se dividió en tres:
Tramo A: Corsan-Corviam con una oferta de $1.547.000156, un 17% menos que el precio máximo para ofertar.
Tramo B: Green SA-CEOSA-PBT UTE con una oferta de $1.640.529.222, un 12% menos que el precio máximo para ofertar.
Tramo C: IECSA-Fontana Nicastro SA UTE con una oferta de $3.183.245.156, un 29% menos que el máximo para ofertar.
¿Qué encontró la Auditoria en su informe? Que en una serie de circulares se cambió la forma en la que se iban a abrir los sobres de las ofertas y que cronológicamente quedaron de esta forma
4/11/16 se abrió el tramo A sobre 1. Pero la particularidad que encontró la Auditoría es que nadie de la comisión evaluadora firmó con su nombre el informe. La copia del acta de la aprobación de las ofertas no le fue remitida a la Auditoría.
29/11 se abrió el Sobre 2 de dicho tramo.
El 15/12 se abrió el sobre 2 del Tramo B en el cual ya hubo denuncias por parte de otra de las empresas que participaron en las que aluden al estado judicial de Corsán-Corviam pero a la cual AUSA responde que no corresponden debido a que como ya tiene adjudicado el tramo A no puede competir por el B.
La apertura de la oferta económica del Tramo C, es decir el Sobre 2 se realizó el mismo día. En ella IECSA se presentó con un presupuesto 29% menor a lo que era la oferta lo que la dejó como ganadora absoluta.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, también fue acusado.
La primera duda que buscará disipar la Justicia es, si se decide avanzar con la investigación, conocer el monto que ofertó Corsán-Corviam en el tramo C del cual participó pero fue excluida debido a que se le adjudicó el A. Es que dentro de las condiciones del pliego se sostuvo que ninguna de las empresas que eran adjudicatarias de uno de los tramos podía quedarse con otro. Aquí también se tendrá que ver si existió alguna readecuación de precios ya que varios auditores sostuvieron que era poco común la oferta baja que presentó IECSA.
El segundo punto serán las explicaciones de las razones por las cuales, a sabiendas de los problemas que atravesaba la casa matriz de Isolux y sobre los que se expidieron otros competidores dentro de la misma licitación e incluso la propia Procuración General de la Ciudad, se le otorgó el tramo A. En el Gobierno, desde 2016, sostuvieron que el motivo se debía que Corsán-Corviam pasó todos los procesos que hasta solicitó el BID que fue quien financia la obra que se inaugurará en abril del año que viene.
¿Por qué se presentó la denuncia?
La denuncia es la segunda que tendrá que afrontar el alcalde porteño en Comodoro Py desde que asumió en el cargo en 2015. La anterior fue por la tragedia de Time Warp que sucedió en marzo del 2016. De buena relación con el parlamentario del Mercosur y uno de los sindicados operadores judiciales del macrismo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Larreta pondría todo a disposición de la Justicia.
Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, uno de los operadores favoritos de Macri,
Sí se trata de la primera vez que la actual presidenta de la Auditoría General presenta una denuncia penal sobre algún informe de elaboración propia. Es que el procedimiento general es que cualquier expediente en donde se encuentre un ilícito tiene que ser remito a la Procuración de la Ciudad. Sin embargo, poco antes de que se publique el informe hubo un detonante.
Dos de los auditores que trabajaron en el informe que tomó la denuncia como prueba central.
La intención de Segura y de los auditores de la Coalición Cívica (Facundo del Gaiso) y del radicalismo (Mariela Coletta) era que se incluyera, en vistas de las irregularidades del informe que analizó la licitación, todo el trabajo en la obra hasta 2018. Esto fue rechazado cuando se votó en colegio luego de que los tres auditores del macrismo recibieron la ayuda del peronismo para votar cuatro contra tres.
Justamente, esa situación hizo que uno de los históricos "Lilitos" y director del Ente Regulador de Servicios Públicos, Gustavo Gutiérrez, sostenga, en el medio de una serie de reuniones de comisión en la Legislatura, que es necesario salir a denunciar el pacto de impunidad que habría sellado Larreta con parte del peronismo.
