El abogado que denunció a la vicepresidenta Gabriela Michetti pidió que se suspendan las declaraciones de los testigos propuestos por la imputada, luego de que trascendieran las declaraciones de dos de ellos en las que admitieron que entregaron dinero en efectivo para su fundación y no mediante transferencias electrónicas como lo dispone la AFIP.
El abogado Leonardo López Herrero se refirió en un escrito que presentó hoy ante el juez federal Ariel Lijo a las declaraciones de Marcelo Domínguez, amigo y contador de la vicepresidenta, y de Eduardo Raposo, un arquitecto vecino de Michetti, encargado de hacer algunos arreglos en su casas.
"Solicito se pidan las declaraciones juradas ante la AFIP tanto de los mencionados como la de todos los testigos propuestos por la defensa a efectos que se puedan constatar que hayan declarado en sus respectivas declaraciones juradas las donaciones efectuadas", indicó Martínez Herrero.
"No surgen recibos de dichas contribuciones y aún de ser así resultarían pasibles de haber incurrido como mínimo en una infracción fiscal", advirtió.
Domínguez es el contador que asistió a Michetti en la confección de sus declaraciones impositivas y admitió ante el juez Lijo haber efectuado una donación a la fundación SUMA por diez mil pesos pero sin recibir el correspondiente recibo.
En tanto, el arquitecto Raposo estaba realizando la obra de refacción en el PH de Michetti cuando ocurrió el robo, y reconoció que cobró honorarios por 15 mil pesos pero tampoco obtuvo un recibo por sus servicios.
Tonelli dijo que le prestó 50 mil dólares a su pareja.
En el caso concreto de Raposo, además, la denuncia alerta que su conducta podría constituir "el delito de evasión impositiva, en la cual también podría haber llegado a incurrir la imputada Michetti". Esto es porque Raposo declaró que no le entregó recibos a la vicepresidenta por los honorarios de los trabajos que realizó en su vivienda.
En su escrito el abogado denunciante sostuvo que deben suspenderse la declaraciones testimoniales de todos los testigos propuestos para ser citados por Michetti, ya que podrían a su juicio, terminar como imputados, lo que daría lugar a futuras nulidades.
Según normativa de la AFIP las donaciones en dinero se deben realizar en forma electrónica, mediante transferencias o débitos de cuentas bancarias. Domínguez dijo que donó 10 mil pesos en efectivo luego de una cena organizada por la hermana de la vicepresidenta. Y además dijo que el dinero se iba a utilizar para modificar una casa de La Boca.
La fundación de Rodríguez Simón también es investigada.
Pero Michetti dijo que el dinero que le habían robado en su casa era parte de una recaudación entre amigos y allegados para pagar los gastos de la cena anual de la Fundación que se iba a realizar en La Rural. Ese dinero eran casi 190 mil pesos, según Michetti, quien también declaró que le habían robado 50 mil dólares, que le había prestado su novio, Juan Tonelli. Otros 40 mil pesos los tenía en una bolsa para pagar los arreglos en la casa.
La investigación que lleva adelante el juez Lijo, no se circunscribe sólo al origen del dinero robado en la casa de la vicepresidenta. También investiga a otras fundaciones vinculadas con el PRO, en la idea de que fueron el vehículo para financiar las campañas políticas.
En esa línea de investigación, el 4 de octubre el juez le ordenó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que le remita con carácter de urgente el legajo de la Fundación Pericles, encabezada por Fabián “Pepín” García Simón, diputado por el Mercosur de Cambiemos y uno de los principales amigos y asesores del presidente Mauricio Macri.
En el mismo escrito, el juez Lijo también le ordenó a la IGJ que le remita con la misma urgencia el legajo del Grupo Farallón S.A, encabezado por el empresario Eduardo Gutiérrez, aportante de la Fundación Suma y procesado como testaferro del ex secretario de Obras Públicas José López, actualmente detenido.