El protocolo de orden público que el Gobierno puso en marcha este miércoles, en el marco de la movilización hacia la Plaza de Mayo convocada por Unión Piquetera, para conmemorar los muertos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y para repudiar el ajuste brutal que están sufriendo los trabajadores, paraliza desde temprano a toda la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
En este sentido, el protocolo impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca eliminar las marchas en las calles y "reducir los cortes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires". Lo preocupante, además de que se vulneran todos los derechos de los trabajadores y el amedrentamiento de los ciudadanos, es que la actuación de las fuerzas de seguridad se activará sin necesidad de que medie una orden judicial cuando la protesta impida el tránsito de personas o vehículos.
Esta mañana, incluso, las fuerzas de seguridad revisaron minuciosamente todos los colectivos y trenes que llegaron desde el AMBA para evitar que los piqueteros se movilicen. Este operativo tuvo dos ejes centrales: el primero fue "evitar" que puedan trasladar objetos para ejercer la violencia durante la manifestación y segundo, grabar los rostros de los trabajadores en las terminales de Once, Constitución, Retiro y Chacarita para identificarlos más tarde y sacarles el plan social, en caso de que fueran beneficiarios.
Esta medida fue garantizada y anunciada por la misma Bullrich, que aclaró hace unos días: "Se los va a identificar, se van a sacar fotos, va a haber drones, se les va a pedir documentos y luego se van a cruzar los datos de las fotografías, de los drones, con las personas que estén cometiendo un delito". Este manejo de los recursos, sin embargo, es totalmente ilegal. Además, el protocolo entiende por impedimentos al tránsito "cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren el ancho de las calles".
A propósito de este tema, BigBang dialogó con el abogado Miguel Ángel Pierri, quien explicó la inconstitucionalidad del protocolo "anti piquetes" que implementó el gobierno de la mano de Javier Milei y Patricia Bullrich, y aseguró que se trata de una forma de atemorizar a los ciudadanos.
"Lo primero que hay que decir es que el derecho a protestar o el derecho de huelga es un derecho constitucional, que tiene el ciudadano por vivir en el marco de una república con poderes independientes, como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La Constitución garantiza a través del artículo 14 el derecho a la manifestación a través de la huelga, del paro. Siempre hablamos de una manifestación pacífica, siempre hablamos de que las personas tienen derecho a manifestarse", explicó Pierri y luego prosiguió: "Coartar ese derecho no se puede porque es absoluto. A mi lo que me sorprende además es esta suerte de avance al ciudadano donde por ejemplo hoy a la mañana había en los trenes presencia de las fuerzas de seguridad".
El amedrentamiento de la población llegó, por ejemplo, a través de un mensaje enviado por la aplicación "Mi Argentina" a todos ciudadanos donde advertía que aquel beneficiario que asistía a la marcha iba a perder su plan social. "Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley, vamos a cuidarte: Si sos beneficiario/a de un plan social, que nadie te obligue a cortar vías de circulación bajo amenaza de que vas a perderlo. Podes denunciar anónimamente al 134. Que tengas una Navidad y un fin de año en paz", indica el mensaje. Al respecto, Pierri opinó que mandar un mensaje de estas características remite directamente a un Gobierno autoritario que pretende causar miedo y quitarle derechos a la población.
Con respecto al control policial y la utilización de los servicios de inteligencia anunciados por Bullrich, Pierri explicó: "Está terminantemente prohibido por ley hacer inteligencia con los ciudadanos. Subir a un colectivo y filmar a la gente es un principio de violacion al derecho a la intimidad y es una clara medida persecutoria. Para mi eso baja claramente una política terrorista por parte del Estado. Es usar el poder absoluto del Estado para acobardar y para asustar al ciudadano".
La marcha del 20 de diciembre no es un escenario cualquiera. Es un día de conmemoración para recordar y acompañar a las familias de los 39 ciudadanos que murieron en el marco de las protestas del año 2001. En este sentido, Pierri recordó que él estuvo en la plaza hace 23 años junto a toda la población que salió a manifestar frente a las políticas económicas y sociales del gobierno del expresidente Fernando de la Rúa y remarcó en este mismo sentido: "Esta movilización tiene que ver con el recordatorio de ese momento salvaje, cruel. Por eso me parece que no es casualidad que algunos de los actores de ese entonces como Patricia Bullrich y Federico Stuzenegger sean los que están impulsando estas medidas. Parece que no hemos evolucionado nada", se lamentó.
Consultado sobre qué puede hacer un ciudadano si descubre que está siendo grabado o perseguido por las fuerzas de seguridad, el abogado puntualizó que podría denunciar ante un juez federal la situación por violación a la intimidad y por actitud intimidatoria. "Para eso es necesario saber que frente a mí hay un juez independiente, que realmente dudo que los tengamos hoy. Sino, algún fiscal debería estar citando al jefe de la Policía o al de las fuerzas de seguridad para que cese esa actitud", aseveró.
"El ciudadano es absolutamente vulnerable, está clarísimo. Insisto, nadie está avalando el derecho de nadie a obstruir la libre circulación y nadie tiene derecho a impedir que alguien llegue a un empleo o obstruir una calle, nadie está hablando de eso, de cortar una vía de comunicación. Estamos hablando de una ciudadanía que quiere recordar este escenario de este aniversario tráfico en paz y en libertad. Es una clara censura a la libertad y al artículo 14, son características de regímenes totalitarios", expresó Pierri.
En este contexto, la marcha se concentra y pretende avanzar por la vereda y las calles de forma pacífica para defender también los derechos de los trabajadores que fueron amenazados directamente a través de los mensajes de la presidencia, en un contexto donde los mismos organismos de derechos humanos denunciaron ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el protocolo de seguridad contra las protestas vulnera las garantías de los ciudadanos.