04 Abril de 2016 15:47
Para el fiscal Federico Delgado el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio de Vido no podía ser ajeno a la ruinosa compra de material rodante por la cual se ordenó el arresto del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
"De Vido tiene que ser citado también a prestar declaración indagatoria por su participación en los hechos. Recordemos que, por un lado, los pagos exorbitantes que ordenó Jaime a las empresas españolas y portuguesa por el material rodante adquirido (RENFE, FEVE, EE y Caminhos de Ferro Portugueses) estaban enmarcados en convenios de colaboración firmados por la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y esas empresas; y, por el otro, en algunos casos fue el mismo De Vido quien firmó esos acuerdo", sostuvo el fiscal Delgado en el dictamen que presentó al juez Julián Ercolini.
Según el fiscal, De Vido, como autoridad máxima del Ministerio de Planificación -y del que dependía la Secretaría de Transporte- "no pudo haber desconocido esos pagos, ni las conductas que estaban llevando a cabo. No olvidemos que la firma de esos convenios y acuerdos efectuados por el Ministerio de Planificación Federal por sí o a través de la Secretaría de Transporte generó gravísimos".
Alguno de los vagones comprados a España y Portugal.
Falta de control
El fiscal enumeró alguno de los motivos para pedir la indagatoria:
La compra a España se realizó sin verificar la totalidad del material rodante a adquirir. El Estado no sabía qué era exactamente lo que estaba comprando. De hecho, el transportista hizo constar que los vagones y las triplas se encontraban en muy pobres condiciones, con roturas visibles y partes faltantes.
La recepción de los materiales se realizó en los países vendedores y en algunas circunstancias ni siquiera estuvo presente el representante argentino. O sea, no había nadie para verificar qué era lo que se compraba.
Lo que pagó el Estado Nacional por las unidades llamadas “triplas diésel” supera entre un 117% y 171% el valor ofertado por RENFE.
El Estado pagó conceptos por “rehabilitación de unidades” que no fueron llevados a cabo.
El 44% del material rodante adquirido se encontraba fuera de servicio.
El equipo de auditoría inspeccionó la custodia y el resguardo del material adquirido y encontró que muchas de las unidades habían sufrido desmantelamientos vandálicos e incendios, con daños irrecuperables.
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que “De Vido tiene que ser citado también a prestar declaración indagatoria por su participación en los hechos”.
“Por lo tanto, entendemos, tal como lo mencionamos al momento de requerir la instrucción y el impulso de la pesquisa, que ese eslabón debe ser incluido en la investigación”, sintetizó Delgado.
