El ex vicepresidente Amado Boudou está cada vez más cerca de recibir su primera condena en la Justicia, pero no por su paso por la función pública.
El lunes comenzará el juicio contra el ex ministro de Economía por la supuesta adulteración de los datos para la venta de un auto, cuando todavía no era funcionario nacional.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg será el encargo de juzgar a Boudou desde el próximo lunes, a las 9, por el delito de falsedad ideológica, que tiene una pena de hasta seis años de prisión.
Booudou se sentará el lunes en el banquillo de los acusados.
El artículo 293 del Código Penal establece que "será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio".
En el debate oral serán enjuiciados también Andrés Alberto Soto, Rodolfo Basimiani, María Graciela Taboada de Piñero y Agustina Seguín, mientras que la acusación estará a cargo de la fiscal Stella Maris Scandura.
Boudou está acusado junto a su expareja Agustina Seguín -ambos como partícipes necesarios de falsedad ideológica- y los gestores Andrés Soto y Rodolfo Basimiani a quienes Boudou responsabilizó por las irregularidades en la documentación, así como la encargada del registro automotor número 2 María Graciela Taboada de Piñero, donde se realizó el trámite.
La acusación contra Boudou es por haber insertado datos falsos en la transferencia de su vehículo marca Honda CRX, el cual compró en 1993. Boudou adquirió esa cupé de color rojo y le cambió el motor dos años después, lo que nunca fue registrado, y tuvo el auto durante diez años sin hacer la transferencia a su nombre, que finalmente se realizó con documentación falsa.
Esta es la primera causa contra Boudou que va a juicio oral, que tiene otros procesos en trámite como el de la venta irregular de la imprenta Ciccone y la compra de vehículos para el Ministerio de Economía. También tiene una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Y aunque se trata de la causa menos complicada desde el punto de vista político, es la más fácil de probar respecto de las pruebas por lo que no se descarta que pudiera ser condenado.
Uno de los gestores había pedido la suspensión del juicio a cambio de recibir una pena alternativa a la prisión, pero ese pedido fue rechazado por la Cámara de Casación Penal porque Boudou fue funcionario público.