En el primer mes de la cuarentena obligatoria, 439 presos de cárceles bonaerenses obtuvieron el beneficio de la prisión domiciliaria por el avance de la pandemia de coronavirus. La cifra representa un porcentaje bajo en relación a las liberaciones totales, aunque con un grave inconveniente: hay menos de 2.000 tobilleras electrónicas e incluso faltaban antes de que se decretara la cuarentena. En la Provincia afirman que no representa un riesgo para la seguridad.
La discusión comenzó el 16 de marzo pasado, cuando el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, instruyó a los fiscales y a los defensores oficiales a que analicen caso por caso la situación de los detenidos que integran los diez factores que son considerados “de riesgo”, entre los que se encuentran los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, diabéticos y con problemas respiratorios, entre otros.
Según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), hay 2.300 reclusos en condiciones de solicitar el beneficio. Hasta esta semana, cerca de 1.000 habían logrado la domiciliaria, según confirmó a BigBang una fuente judicial.
Sólo entre el 17 de marzo - tres días antes del inicio de la cuarentena obligatoria - y el 17 de abril fueron liberados 2.244 presos, la mayoría de ellos por haber cumplido la condena por los delitos cometidos o porque el plazo que llevaban en prisión los habilitaba a solicitar salidas transitorias. Sólo 439 obtuvieron la domiciliaria por integrar los “grupos de riesgo”.
Fuentes del Ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Julio Alak, señalaron a BigBang que entre el 17 de marzo y el 17 de abril recuperaron la libertad 119 presos menos que en el mismo período de 2019, aunque reconocen que se multiplicaron las prisiones domiciliarias, que el año pasado, en ese lapso, fueron apenas 30. De todos modos, en la Provincia aseguran que se trata de cifras bajas si se tiene en cuenta que en el sistema carcelario hay más de 45 mil detenidos, la mayoría de ellos sin condena.
“Nuestra postura no es sacar presos”, argumentó un importante funcionario del Ministerio de Justicia provincial, que arrojó un dato clave: de los 45.000 detenidos en el SPB, hay alrededor de 6.000 que están por tenencia de drogas.
La otra cara de la situación es el Ministerio de Seguridad: si bien Sergio Berni criticó la medida adoptada por varios jueces, en su entorno confiaron a BigBang que las domiciliarias no implican un mayor riesgo en materia de seguridad para los bonaerenses.
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Pero además, aportan un dato llamativo: la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de “prisionalización” (personas privadas de la libertad) de 294 personas cada 100.000 habitantes, mucho más alto que toda España y toda Italia. Entre cárceles y comisarías, la Provincia tiene 51.605 presos. España, que tiene casi 48 millones de habitantes, tiene poco más de 58 mil detenidos en todo el país.
LAS TOBILLERAS, EL EJE DE LA DISCUSIÓN
Más allá de la domiciliaria, el problema es cómo serán los mecanismos de control para quienes deban cumplir con el arresto domiciliario, teniendo en cuenta que las tobilleras y pulseras electrónicas no alcanzan para todos los detenidos.En total hay 1.950 tobilleras, un stock que se mantiene estable desde hace años. La Provincia ya le solicitó a Nación que envíe más y según explicó una fuente del Ministerio Público de la Defensa se está avanzando en la compra de nuevos dispositivos.
El problema es aún más complejo si se tiene en cuenta que antes de la pandemia de coronavirus ya había faltante de tobilleras o pulseras. De hecho, explican que antes de la pandemia ya había 270 presos en lista de espera con los informes aprobados para ir a prisión domiciliaria porque no había instrumentos de control electrónico.
“Vamos a tratar de tener más pulseras, los jueces también pueden disponer otros mecanismos de control no electrónico”, señalaron desde el Ministerio de Justicia bonaerense.
Además, explicaron que las tobilleras o pulseras electrónicas son un elemento que entró en desuso en varios países del mundo. “Se puede controlar por teléfono, por videollamada o con controles sorpresivos”, explicó a BigBang una fuente al tanto del sistema de monitoreo electrónico. Para garantizar el monitoreo, el Estado provincial paga por mes un elevado monto en pesos.
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En el Ministerio de Justicia bonaerense consideran que la pandemia sacó a flote un problema existente hace décadas: el colapso de las cárceles en todo el país.“Es una deuda de la democracia”, señaló un importante funcionario ante la consulta de este medio. Aunque aclaró que varios gobiernos mantuvieron el problema, le apuntó a la gestión de María Eugenia Vidal: “Entre 2016 y 2019 sumaron en promedio 3.900 nuevos presos por año. Scioli dejó un sistema con 33.000 detenidos y ahora hay 45.000”.