El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital -integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara- fijó para el 26 de febrero de 2019, a las 12, la audiencia de inicio del juicio oral y público en la causa contra Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Lázaro Báez y otros imputados en la que se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz.
Según consigna el Centro de Información Judicial (CIJ) es el primer juicio oral que la ex presidenta deba enfrentar, de todas las causas que tiene abiertas. Fue el expediente que instruyó el juez Julián Ercolini y que cerró en marzo de este año, al declarar la clausura de la investigación y la elevación para que se realice el juicio oral.
La causa se inició por una denuncia del entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, actual ministro de Energía, presentada el 26 de abril de 2016, con lo cual, en menos de dos años, se realizará el primer juicio oral contra la ex mandataria, todo un récord, si se considera que la mayor parte de las causas por corrupción en el fuero federal demoran un promedio de diez años.
Iguacel había denunciado que se había detectado "un plan diseñado en la provincia de Santa Cruz para el manejo fraudulento de fondos del Estado en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, las que resultaran adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en dicha provincia durante los últimos 12 años".
Al resolver el cierre de la causa, el juez Ercolini sostuvo que "Cristina Elisabet Fernández, en su carácter de presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país".
En la causa también aparecen como acusados otros ex funcionarios del Ministerio de Planificación que estaba bajo el mando de Julio de Vido y de Vialidad Nacional, quien se habrían confabulado para otorgar la mayor parte de las obras adjudicadas en la provincia de Santa Cruz a Lázaro Báez, detenido desde hace dos años.
Según el juez Ercolini, el empresario "entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, habría realizado un aporte imprescindible en los hechos atribuidos a sus consortes de causa, al haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquélla los fondos del Estado nacional que fueron asignados a la obra pública vial durante el período citado, quienes le habrían procurado un lucro indebido al asignarle -de forma irregular- la mayoría de las obras viales contratadas en esa provincia".