Casi un mes después de su promulgación, el Gobierno reglamentó el primer tramo de la Ley Bases para avanzar el la reorganización de la administración centralizada y descentralizada. Lo hizo a través del decreto 695 publicado en el Boletín Oficial de este lunes. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, y de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La reglamentación avanza en la reorganización de la administración centralizada y descentralizada, y en las privatizaciones como así también en el empleo público. Los aspectos centrales del decreto están vinculados a la reorganización administrativa, privatizaciones, Silencio administrativo y reglamentación y ajustes. En cuanto a la reorganización administrativa: se establece que el Poder Ejecutivo puede reorganizar, transformar y liquidar fondos fiduciarios públicos siguiendo la Ley N° 27.742.
Sobre las privatizaciones fija que se deben seguir procedimientos específicos para privatizar empresas estatales, que incluyen la presentación de informes y la publicación de convocatorias para ofertas. De esta manera, establece un marco para la concesión o venta parcial -o total- de varias empresas públicas, como Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, SOFSE, Corredores Viales, NASA y YCRT.
Según se indicó en el Boletín Oficial, la jefatura de Gabinete de ministros dentro del plazo de 15 días contados a partir de la entrada en vigencia del documento, debe aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 27.742.
En el ámbito del empleo público, la normativa introduce un nuevo sistema de ingreso al Estado, que requiere una evaluación general anónima de conocimientos y competencias. Los funcionarios responsables verificarán el cumplimiento de las normas éticas y los requisitos del cargo. Los designados deberán presentar una declaración jurada patrimonial y antecedentes laborales. Además, se requerirá un certificado de aptitud psicofísica para cualquier designación.
El silencio con sentido positivo comenzará a regir de acuerdo con las fechas previstas en el precitado cronograma y para los procedimientos que se inicien con posterioridad a las mismas. En tanto, las reparticiones de la Administración Pública centralizada y descentralizada deberán identificar y mantener actualizado el detalle de los procedimientos administrativos alcanzados por lo establecido en el párrafo anterior, en el ámbito de sus competencias.
Los procedimientos administrativos regulados en normas especiales que contemplen la aplicación del silencio con efecto positivo continuarán rigiéndose por sus respectivas normas y mantendrán plena operatividad. Además, la jefatura de Gabinete de ministros debe elevar al Poder Ejecutivo Nacional, previo informe fundado de las áreas competentes, los supuestos específicos en los que no será de aplicación el silencio con efecto positivo contemplado en el inciso b) del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, previo a su efectiva implementación. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la citada jefatura debe adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar la implementación del silencio con sentido positivo a través de plataformas digitales, conforme lo expuesto en el artículo 3°.
El decreto también autoriza contrataciones ad honorem para servicios de asesoramiento, así como contratos por tiempo determinado y designaciones en plantas transitorias, especificando que este personal no tendrá estabilidad y sus contratos pueden ser rescindidos en cualquier momento. Se crea un Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad para gestionar a los empleados afectados por la reestructuración del Estado.
De esta manera, se les asignará períodos de disponibilidad basados en su antigüedad y se les asegurará un importe mensual equivalente a su retribución escalafonaria. Para los procesos administrativos, el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos busca agilizar la gestión del Estado. Los trámites serán gratuitos, salvo excepciones específicas, y se reconocerá la plena capacidad de los adolescentes para intervenir en procedimientos administrativos.
Además, se permitirá el uso de medios electrónicos para notificaciones y presentaciones. Finalmente, la reglamentación actual corresponde solo a la primera parte de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, quedando pendientes los detalles para implementar otros títulos de la legislación, incluyendo el RIGI, que ha sido un punto de conflicto en el Congreso.