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Política

Procesan y embargan a Báez por retener aportes previsionales

La Justicia le dictó un embargo de bienes por $ 33 millones. Se prevé una pena de dos a seis años de prisión para este tipo de delitos.

03 Enero de 2017 17:49
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Lázaro Báez fue procesado hoy como "autor o instigador del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social" y así retener aportes previsionales. Por dicha causa, la Justicia le dictó un embargo de bienes por $ 33 millones.

El empresario K procesado por la falta de aportes previsionales a sus trabajadores.

"La resolución fue adoptada en función de haber corroborado que 15 empresas del denominado Grupo Báez habían retenido los aportes correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia por una suma cercana a los $ 230 millones, los cuales no eran ingresados al Fisco o se ingresaban con posterioridad a los plazos establecidos por ley, configurando en ambos supuestos el delito previsional", sostuvo el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1, a cargo de  Ezequiel Berón de Astrada, quien dictó los procesamietos.

Los empleados de Austral Construcciones perjudicados por la falta de aportes.

El Juez determinó que las sociedades estaban integradas por personas que respondían al empresario kichnerista y que intervinieron a pedido de él. Es más, en alguna de ellas Báez poseía la calidad de "socio privilegiado", en otras de representante legal y también como administrador de hecho.

Por la causa que fue iniciada por la AFIP también fue procesado su hijo Martín Báez a quien se lo embargó por $29  y el empresario Julio Mendoza a quien se lo embargó por $24.millones.

Martín Báez fue procesado por la misma causa.

La Justicia, otorga a su vez, responsabilidad penal y embargo de las empresas Austral Construcciones, Alternativa, Alucom Austral, Austral Agro, Loscalzo y Del Curto, Badial, Kank y Costilla, Diagonal Sur Comunicaciones, Consultora Magma, Sucesion de Biancalani Adelmo, Epsur, Don Francisco, M&P, Valle Mitre y Servicios Integrales Alem.

Se prevé una pena de dos a seis años de prisión para este tipo de delitos, según está previsto por la Ley Penal Tributaria.