El juez en lo Penal Economico Marcelo Aguinsky procesó hoy a nueve imputados por la denominada "mafia de los contenedores" que operaba en el puerto de Buenos Aires.
La organización supuestamente cobraba suculentos sobornos para liberar mercadería de contrabando que había sido observada por las autoridades aduaneras.
Entre los procesados por los delitos de contrabando y asociación ilicita está el empresario paraguayo Oldemar Carlos Barreiro Laborda, quien habia sido señalado como jefe del grupo, en tanto sigue prófugo quien sería su segundo, Claudio Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido. En idéntica situación de prófugo se encuentra el agente aduanero Néstor Frega.
Barreiro Laborda fue considerado el jefe de la banda.
Aguinsky dispuso ademas la prisión preventiva de seis imputados, uno de ellos bajo arresto domiciliario y mandó trabar embargos por un total de 244 millones de pesos que, prorrateados, configuran un embargo de algo más de 22 millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los detenidos.
Además de Barreiro Laborde, alias Cuki, la medida recayó sobre Osvaldo Alberto Giacumbo, que se desempeñaba como el segundo jefe de la División Control y Fiscalización Operativa número 2 y sobre Mauro Daniel Delmastro, ex jefe de la Terminal Portuaria número 5 de Buenos Aires, que facilitaba el movimiento de los containers observados por contener mercaderías de contrabando.
Junto a ellos fueron procesados con prisión preventiva Rodolfo Enrique Trebino, Edgardo Rodolfo Paolucci, y Vanesa Calamante, esta última con prisión domiciliaria y tobillera electrónica.
El cuñado del ex ministro De Vido sigue prófugo.
En cambio, Federico Ernesto Tiscornia Salort , Martín Aníbal Corral, Santiago Néstor Jiménez fueron procesados con el beneficio de la libertad bajo caución.
Tiscornia había pedido acogerse al beneficio del "arrepentido", lo que le podría redundar en ventajas procesales al momento de las condenas, tras lo cual declaró dando una relación de roles en el grupo delictivo.
"La maniobra que pretendió llevarse adelante no fue más que una siniestra 'iniciativa privada' apalancada en la corrupta debilidad de quienes debían custodiar el interés y los recursos públicos", sostuvo el juez en referencia a los ex funcionarios involucrados aduaneros y portuarios involucrados.
La causa "desnuda el plan organizado por un grupo de personas, -entre las que se encuentran funcionarios jerarquizados de la Aduana-, con miras a la obstaculización o, lisa y llanamente, al impedimento de las funciones de control encargadas al servicio aduanero sino, precisamente y en forma adicional, encaminado a eludir los nuevos controles implementados por la Aduana como consecuencia de la judicialización de casos, así como también las propias medidas dispuestas por el tribunal en el marco de esta causa", precisó.