El ex ministro de Energía y Minería del gobierno de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, y la actual titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fueron procesados por negociaciones incompatibles con la función pública (en el caso del primero) y presunto encubrimiento en la función pública, en el caso de Alonso. El procesamiento fue dictado por el juez federal Luis Rodríguez, en el marco de la causa iniciada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Martín Doñate.
La causa, iniciada durante 2016, investiga si Aranguren participó en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con la intención de beneficiar a la compañía petrolera Shell en compra de gas a Chile, en momentos en que él mismo era accionista del Grupo Royal Dutch Shell PLC. Un hecho con el que habría incurrido en “incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de intereses”. El procesamiento de Alonso se origina en el hecho de que ella no sólo no lo investigó, sino que además expresó públicamente que sólo investigaría los hechos de corrupción ocurridos durante el gobierno anterior y no los de este.
El miércoles pasado, Alonso declaró ante el el juez federal Rodríguez, quien le imputa haber actuado “con abuso de autoridad y violando los deberes y funciones que le comprendían en razón del cargo detentado, al dar una apariencia de legalidad y cobertura al actuar al Ing. Juan José Aranguren como Ministro de Energía y Minería.Todo ello en miras de ayudar al nombrado a eludir las acciones de la oficina a su cargo en torno al conflicto de intereses que registraba, como así también las investigaciones judiciales en razón a la posible comisión de distinta conductas delictivas que se encontraban vinculadas al ejercicio de la función pública” .