22 Junio de 2016 14:06
Julio De Vido no está teniendo los días más brillantes de su vida. A la detención de su número dos José López tratando de ocultar casi nueve millones de dólares en efectivo -y la consecuente pregunta respecto de cuánto sabía su jefe al respecto- se le suma la noticia de su procesamiento y embargo por 500 millones de pesos, en la causa por irregularidades en la renegociación de contratos ferroviarios que lleva adelante el juez Sebastián Ramos.
Otros tiempos: De Vido toma juramento a Jaime.
Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, también fue procesado por la misma causa y embargado en una suma similar. La causa se inició en 2012, a raíz de una denuncia de Edgardo Luis Carranza, secretario de la Asociación Civil de Defensa del Pasajero y el Usuario de Transporte. Carranza había denunciado un "acuerdo" no firmado para que las empresas concesionarias del transporte pudieran seguir recibiendo subsidios por parte del Estado sin realizar las inversiones correspondientes.
El juez acusó a los dos ex funcionarios de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública". En los considerandos de su fallo, Ramos alude a una "emergencia ferroviaria llamativamente extendida en el tiempo y una ausencia de renegociación de las distintas cuestiones sobre las que repercutió dicha situación".
Tragedia de Once: un "accidente" que podría haberse evitado.
La tragedia de Once es uno de los efectos colaterales de los delitos por los cuales se los acusa a De Vido y a Jaime: de allí la importancia jurídica de esta causa, ya que corresponde preguntarse si el accidente del 22 de febrero de 2012 que les costó la vida a 51 personas habría ocurrido con un adecuado control del destino del dinero estatal invertido en los subsidios.
