El ex ministro de Planificación Julio De Vido fue procesado nuevamente. Esta vez, el juez Claudio Bonadio le imputó el delito de defraudación contra la administración pública por cómo se administraron los subsidios a los colectivos en Buenos Aires y algunas ciudades del interior del país.
Bonadio embargó al ex ministro de Planificación por $ 1.000 millones
El actual diputado nacional por el Frente para la Victoria fue embargado en $1.000 millones. También fueron procesados sin prisión preventiva los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, Eduardo Sícaro, Guillermo Lapadula y Pedro Ochoa Romero.
Todos ellos también fueron embargados y el Juez les fijó embargos de acuerdo del monto de la defraudación.
Jaime y Schiavi también fueron procesados y embargados.
La implementación de la tarjeta Sube y el control por GPS a los colectivos, dejaron en evidencia la forma arbitraria en que durante los primeros años del kirchnerisno se distribuían los subsidios, dado que se "contabilizaban" cantidad de pasajeros y kilómetros recorridos.
En el dictamen se especifica que "se terminaban entregando sumas de dinero y cupos de gasoil a precio diferencial superiores a los que correspondían".
"El Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por su parte, abusando del cargo que ocupaba, permitió que la defraudación pudiera concretarse y prolongarse en el tiempo. En efecto, las entregas ilegales de subsidios eran dispuestas por la Secretaría de Transporte de la Nación, que entre los años 2003 y 2012 dependía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; y los kilometrajes eran convalidados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo descentralizado que también actuaba en la órbita del mismo ministerio", indicó Bonadio.
Embargo
No es la primera vez que De Vido es embargado. Cada vez que se le incauta una suma es irresistible pensar en todo lo que se podría hacer con ella y de alguna forma "vengar" las supuesta defraudaciones hechas al Estado.
Al especular se puede decir que con los $ 1.000 millones que se le confiscarán se podría:
196 ambulancias de alta complejidad y 2.500 personas para sumar al sistema de salud.
1.000 patrulleros y 1.000 motos para la policía.
$ 1.000 millones es lo que se necesita en obras para paliar las inundaciones en la zona centro del país.
Es lo que se destinó este año al Fondo Argentino de Hidrocarburos.
La suma también equivale a:
6,5 bolsos de los que José López buscó esconder en el convento de la monjas de General Rodríguez.
Lo que gastó César Milani en inteligencia durante 2015.
El monto que la AFIP detectó en facturas truchas.