El miércoles más de un centenar de mujeres de distintas agrupaciones feministas se movilizaron durante la tarde por el centro de Bahía Blanca en reclamo de justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 19 años que fue asesinada por su ex pareja (Matías Ezequiel Martínez, un policía de 25 años al que había denunciado en reiteradas oportunidades por violencia de género) en la localidad de Rojas.
El asesinato de Úrsula conmovió, enfureció y entristeció a propios y extraños por la falta de accionar de la Justicia. Úrsula Bahillo fue asesinada por su ex novio luego de haberlo denunciado en reiteradas oportunidades por violencia de género. A su vez, Martínez cuenta además con graves denuncias de otras mujeres y había sido acusado de violar a una menor con discapacidad.
Esto no les importó a las autoridades, que hicieron oídos sordos ante los desesperados pedidos de ayuda de la joven que fue asesinada a puñaladas en un descampado. La protesta, que fue autoconvocada a través de las redes sociales, contó con la participación de integrantes de las agrupaciones Acciones Feministas y Pan y Rosas, entre otras, y comenzó frente al Palacio Municipal ubicado en Alsina 65, en el centro de esta ciudad del sur bonaerense.
En septiembre del año pasado, el gobierno había publicado en el Boletín Oficial el Decreto 734/2020, a través del cual se creó el "Programa Acompañar" para brindar asistencia directa a personas que se encuentren en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género. La iniciativa se enmarcó en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias 2020-2022 que elaboró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
El "Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género" está a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, mientras que el pago de la prestación económica es tarea de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). El objetivo de esta iniciativa es promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género.
De esta manera, se les otorga una prestación económica para cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un "proyecto de vida autónomo y libre de violencias". ¿Qué se entiende por personas en situación de violencia por motivos de género? Se trata de aquellas mujeres y personas LGBTI+ que por sus condiciones socio económicas y vinculares se encuentran expuestas a diversas manifestaciones de las violencias que ponen en riesgo su integridad física y psicológica.
Para acceder a esta prestación se requiere acreditar la situación de riesgo por violencia de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A la ayuda económica puede acceder toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia legal en la República Argentina no inferior a un año anterior a la solicitud.
La prestación consiste en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de un salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante seis meses consecutivos a las mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo acreditada por violencia de género.
El salario mínimo, vital y móvil se ubica en torno de los 21.600 pesos. Al mismo tiempo, la ayuda económica será compatible con: la asignación Universal por hijo o hija; Asignación Universal por Embarazo para Protección Social; Asignación por hijo o hija con discapacidad; Monotributo Social; Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
Sin embargo, no se podrá acceder a esta ayuda si se tiene: Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos; Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el Estado Nacional o Jubilaciones, Pensiones, o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tampoco podrán acceder a esta prestación aquellos con Pensión Universal para el Adulto Mayor y Prestación por desempleo. La misma finalizará por el fallecimiento de la persona destinataria, renuncia expresa, el ingreso a otro programa social de apoyo económico destinado a personas en situación de violencia por motivos de género. Además, se podrá disponer el cese antes del cumplimiento cuando se constate que han desaparecido las condiciones que justificaron su otorgamiento.
Úrsula había denunciado tres días antes de ser asesinada en la ciudad de Rojas que su ex pareja, el policía Matías Martínez, la amenazó en la calle, por lo que necesitaba que le dieran un botón antipánico. "Pará todo porque voy a hacer cagar a tu mamá, no te metas con mi familia porque andan en la pesada", fue la amenaza que Martínez propinó a la joven, según ella misma denunció el 5 de febrero último ante la policía.
De acuerdo con esa denuncia, el hecho ocurrió cuando Úrsula iba a bordo de su moto y Martínez la interceptó en el cruce de las calles 20 de Diciembre y Fernández Bicocca, al volante de auto Peugeot. Según la denuncia de la joven, el policía la increpó preguntándole por qué lo había denunciado, aunque ella por "miedo" se retiró del lugar sin decirle nada "antes de que le haga algo".
En su denuncia, dejó asentado que le temía a Martínez porque la molestaba "por mensajes", hostigándola "todo el tiempo": la llamaba "desde distintos números de teléfono y por las redes sociales como Instagram" bajo distintos nombres que iba adoptando a medida que ella lo bloqueaba. La joven sostuvo que el asedio se producía "a cualquier hora del día y de la noche", por lo que pidió que le dieran un botón antipánico y se le brindara protección a ella y a su familia. Algo que no ocurrió.