por Agustin Gulman
03 Abril de 2018 10:51
El Gobierno finalmente oficializó el régimen de retiros voluntarios que apunta a los trabajadores de la administración pública. En el Ministerio de Modernización estiman que un universo de 80 mil empleados de planta permanente cumplen con los requisitos para anotarse, aunque calculan que la cantidad que se sumará será menor.
Mediante el decreto 263/2018, el Gobierno oficializó el plan que se conoció meses atrás. En el ministerio que comanda Andrés Ibarra tienen el objetivo de reducir la cantidad de trabajadores de planta permanente, un universo que abarca a unos 208.000 agentes públicos.
Para poder acceder al programa de retiros voluntarios, los trabajadores estatales deberán tener 65 años o más y no contar con los años de aportes para obtener la jubilación; tener entre 60 y 65 años; o tener hasta 60 años y acreditar al menos dos años como empleados en la planta permanente del Estado.
Macri, junto al ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
Pagarán hasta 30 sueldos para los empleados que tengan más de más de una década de antigüedad. Seis salarios se abonarán al momento de firmar la baja y el resto en 24 cuotas. Entre los ocho y los diez años de antigüedad se pagarán 20 sueldos; entre los seis y los ocho, 15; entre los cuatro y los seis, 10; y entre los dos y los cuatro años, seis salarios, en seis cuotas.
Fuentes del Ministerio de Modernización explicaron a BigBang que de los 208 mil agentes públicos, solo 80 mil cumplirían con esas condiciones. Sin embargo, estiman que la cifra de adeptos a los retiros voluntarios será mínima: creen que serán entre dos y tres mil, aunque los más optimistas hablan de hasta 5.000. “No hay un número ideal”, aseguran.
Buscan reducir el personal de planta permanente.
Explican que una vez presentada, la solicitud del retiro voluntario será evaluada por las autoridades. “No es que se pueden retirar 20.000 trabajadores”, grafican en la cartera que conduce Ibarra. En el decreto publicado hoy por el Boletín Oficial se remarca que el objetivo es “lograr la utilización de los recursos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados”.
“Tiene que ver con readecuar la planta”, explicaron ante la consulta de este medio, al tiempo que rechazaron que el foco esté puesto en reducir el gasto anual que representa la administración pública. “No se lo mira desde una óptica de ahorro, lógicamente tendrá un impacto en los costos”, apuntaron, aunque aclararon que se trata de una “cuestión organizacional”. En esta línea, agregan: "Es meramente voluntario, no se va a presionar a nadie".
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Desde que llegó al poder, el Gobierno dio de baja más de 10.000 contratos, así como impulsó jubilaciones para quienes excedían el límite de edad pero aún no habían alcanzado los 30 años de aportes. En la Casa Rosada hablan de un Estado “sobredimensionado”. Hasta el momento, solo habían impulsado planes de retiros voluntarios en los organismos descentralizados, como el Inti o el PAMI.
El plan no incluye a todos los trabajadores estatales: la normativa oficializada esta mañana indica que no se pueden acoger al plan de retiros voluntarios el personal de las Fuerzas Armadas, ni de las fuerzas de seguridad ni de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Tampoco podrán solicitarlo los docentes, profesionales de la salud, del servicio exterior o científico técnico, así como quienes se encuentren procesados por delitos en perjuicio de la administración pública, sumariados o hubieran iniciado reclamos administrativos o demandas contra el Estado en la Justicia.
