El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, denunció a varios ex integrantes del Gabinete de Néstor Kirchner por el presunto delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública" por haber reformulado, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 475/2005, los términos del proyecto de promoción industrial otorgado a Alcalis de la Patagonia SA para la instalación, puesta en marcha y explotación de una planta de carbonato de sodio en Río Negro.
Néstor Kirchner junto a Julio De Vido y José López.
El fiscal anticorrupción apuntó así contra el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y los ex ministros del Interior, Aníbal Fernández, de Planificación Federal, Julio de Vido, de Economía, Roberto Lavagna, de Trabajo, Carlos Tomada, de Educación, Daniel Filmus, de Desarrollo Social, Alicia Kirchner (actual gobernadora de Santa Cruz), de Justicia, Horacio Rosatti (actual ministro de la Corte Suprema), de Defensa, José Pampuro, y de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa.
El fiscal anticorrupción, Sergio Rodríguez.
La denuncia por lo sucedido en el 2005 también incluyó a los dueños de South Mineral SA, Fabián De Sousa (socio de Cristóbal López) y Raúl Zamora, quienes luego compraron Alcalis, y al juez de Primera Instancia de Ejecución n°1 de Comodoro Rivadavia, Gustavo Toquiera, por ser los empresarios beneficiarios de la maniobra y el funcionario que habría perjudicado al Estado.
Los Fernández, Alberto y Aníbal.
La "administración infiel" en perjuicio de la administración pública es, según el artículo 173, inciso 7, del Código Procesal Penal, "el que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos".
Los dueños de Alcalis, Fabián De Sousa y Cristóbal López.
Y, según el artículo 174, inciso 5, "el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública". Por eso, la pena contemplada en estos casos especiales del "Capítulo IV: estafas y otras defraudaciones" es de dos a seis años de prisión.
"La pena es de dos a seis años de prisión
Es que Alcalis pudo así licuar una deuda de $ 250 millones que tenía con el Estado a cambio de un paquete accionario de ínfimo valor. La beneficiada también giró la propuesta a Ibicon Ansalt, Bergo Ansalt y Almeraya Sol Investment. La empresa actualmente pertenece al Grupo Indalo de López y De Sousa.