08 Noviembre de 2016 16:31
Ya desde el nombre, perturba al gobierno de Mauricio Macri: ley de emergencia social y de las organizaciones de la economía popular.
El proyecto que avanza en el Senado fue presentado por los senadores Juan Manuel Abal Medina, Teresita Luna (PJ-FPV) y Jaime Linares del GEN de Margarita Stolbizer. Declara la emergencia social en todo el territorio nacional por un año y propone en su capítulo 1 crear un millón de nuevos puestos de trabajo bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.
En su capítulo 2, crea el Consejo de la Economía Popular y establece un Salario Social Complementario en un plazo no mayor a 180 días para una masa de beneficiarios que podría ascender a 3,5 millones de trabajadores de la economía informal.
El gobierno nacional todavía no se pronunció formalmente pero está ante un desafío difícil de conjurar.
En la víspera de un fin de año que puede ser problemático desde el punto de vista social, se enfrenta con un reclamo que sostiene todo el arco opositor y que representaría una erogación importante para las arcas oficiales.
¿El Presidente está dispuesto a firmar un nuevo veto contra una iniciativa social que respaldan el sindicalismo, la oposición y la Iglesia?
Autores del proyecto: los peronistas Luna y Abal Medina junto a Linares del GEN.
El Consejo estará integrado por un representante del Ministerio de Trabajo y otro del Ministerio de Desarrollo Social y tres de las organizaciones sociales. Pero además propone un índice de canasta popular como referencia.
Crea -bajo la órbita del Ministerio de Trabajo- el Registro Nacional de la Economía Popular en el cual deberán inscribirse todos los trabajadores de la Economía Popular como requisito para percibir el SSC.
Durante la vigencia de la Emergencia Social se incrementarán en un 15% los valores vigentes, en cada mes, de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo para Protección Social. Sólo el costo del aumento del 15% para las asignaciones para los dos últimos meses de este año será de 1500 millones aproximadamente y de 7700 millones para 2017.
Impulsor de la ley. Juan Grabois, de la CTEP en el Vaticano, el fin de semana.
En el capítulo 4, está la clave: la financiación de un proyecto que deberá asignar partidas y que -según los autores del proyecto- deberá ser definido por el Gobierno. Abal Medina, Luna y Linares sugieren: impuesto al juego, retenciones a la minería y gravamen a la renta financiera.
El proyecto avanza con el respaldo de un amplio abanico de organizaciones políticas y sociales, que incluyen desde el kirchnerismo, la CGT, las dos CTA y el massismo hasta la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y el Papa Francisco.
Los impulsores de la ley ya anunciaron una nueva marcha para el viernes 18 de noviembre.
Por si hacía falta, la iniciativa fue bendecida el fin de semana último en el Vaticano, durante el Tercer Encuentro de Movimientos Populares, del que participaron varios de los impulsores de la ley.
Francisco, anfitrión del Encuentro de Movimientos Populares. Apoya el proyecto.
Pero además, la iniciativa incluye entre los fundamentos un diagnóstico letal para el primer año de gobierno de Cambiemos.
13 millones de pobres, 2,3 millones de indigentes, más de 2 millones de argentinos con problemas de empleo, caída de los planes REPRO, los Programas de Trabajo Autogestionado, y los de Incentivos de Reinserción Laboral, una inflación estimada en 45 % para 2016, caída del 12 % en el salario real de los trabajadores registrados, 40 % de la población receptora de programas sociales.
"La perdida de cada puesto de trabajo en el sector formal, se repercute de manera negativa en los ingresos de al menos 3,5 trabajadores de la economía popular, que como su nombre lo indica, por la informalidad de sus condiciones de trabajo, su ingreso se encuentra sostenido por lo que producen a partir del trabajo en el día a día".
La primera marcha, el 7 de agosto. El 18 de noviembre habrá una nueva.
"Los trabajadores de la economía popular, son las víctimas directas de los despidos de trabajadores formales, por cada despido formal hay tres de la economía popular que sufren igual consecuencia. Esta situación, si bien ha sido reconocida por el gobierno nacional, implementando paliativos para reducir la conflictividad social, hasta el momento no ha logrado modificar las variables económicas a favor de los más pobres".
Hasta ahora el gobierno nacional no se pronunció sobre el tema. BigBang quiso conocer la opinión de la ministra Carolina Stanley, pero los voceros del Ministerio de Desarrollo Social no brindaron información sobre la posición del gobierno ante la ley de emergencia social. Una muestra más de la encrucijada en la que se encuentra el Poder Ejecutivo.
