15 Febrero de 2022 12:10
Alberto Fernández negó este martes la existencia de "arbitrariedades" en la distribución de obra pública nacional y sostuvo que le llama "mucho la atención" lo que se debate en el juicio oral por presuntas irregularidades en la provincia de Santa Cruz, al declarar como testigo y responder preguntas de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El primer mandatario sostuvo que se trata de "decisiones políticas no judiciables", al declarar bajo juramento de verdad ante el Tribunal Oral Federal 2, en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro. También destacó que el expresidente Néstor Kirchner "siempre fue muy cuidadoso con las cuentas públicas", y remarcó que "tenía casi una obsesión con eso, que tuvo primero como gobernador y luego como presidente".
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Cuando le preguntaron cuál era el criterio para distribuir la obra pública, el Presidente dijo que “son criterios discrecionales que tienen que ver con las necesidades que en cada jurisdicción se enfrentan. Eso no tiene una regla. Los criterios son criterios de lo que uno entiende de que lo que en ese momento está necesitando el país”.
“No hay un criterio único para distribuir la obra pública. Es política y la política es el arte de manejar la realidad y la realidad es cambiante. Todos nosotros creemos que la inversión pública es un gran motor para la economía y hay un principio rector que son cuestiones de naturaleza política. Algunos creemos esto, que el Estado tiene que estar presente y motorizar la obra pública y otros creen que deben hacerlo los privados. Hace un año hubo un terremoto en San Juan y decidimos que se construyen 1000 viviendas en San Juan. El criterio fue la necesidad. En el 2003 la Patagonia tenía un infradesarrollo y hubo que hacer mucha obra. Es muy importante porque está toda la producción petrolera y pesquera".
"Quiero que entiendan que una vez que el Presupuesto es aprobado es responsabilidad de cada ministro. Cada ministro es autónomo. No consulta al Presidente sobre cómo gasta el dinero de su ministerio", aseguró, al tiempo que le volvieron a preguntar otra vez cómo es el manejo de la asignación de recursos: "Un Presupuesto no es la decisión de un Presidente, todos los ministerios construyen sus números y eso es revisado por el Congreso nacional".
Una vez que el presupuesto llega para ser aprobado como proyecto de ley sigue el tratamiento de cualquier proyecto de ley. Lo que quiero enfatizar es que es la ley más compleja de todas y se tiene que modificar porque todas las provincias quieren defender sus intereses"
Pese a las respuestas del primer mandatario, el fiscal Luciani le hizo volvió a hacer una pregunta similar y el clima se tensó.
Fernández: "Doctor, me da la impresión de que usted no me escuchó bien antes". Luciani: "Lo escuché perfecto" Fernández: "Ah, pero entonces tiene un problema de comprensión". Luciani: "No me falte el respeto, Doctor". Fernández: "No fue mi intención".El tribunal deliberó y por mayoría hizo lugar a la pregunta de Luciani, que la volvió a formular: "En la planilla del presupuesto 2008 se informa un importe a devengar de 150 millones de pesos y la adjudicación fue de 225 mil persones de pesos. Hay 75 millones de pesos que faltan".
"Como le dije antes, no tenía presente ninguna de las obras; mi memoria es buena, pero no tanto, puede haber habido muchas explicaciones, pero no puedo arriesgar la explicación sobre algo que no conozco", reiteró Fernández.
Consultado nuevamente por el criterio para reasignar fondos, ya cansado de contestar lo mismo, el primer mandatario dijo nuevamente que la necesidad marcaba el rumbo. "Si entiendo bien la pregunta es si los ministerios podían reasignar los recursos que yo les reasignaba. Eso se llama reasignación presupuestaria y va a ver cuánto pasa y cuánto pasó en la pandemia. Ahora una vez que los recursos son reasignados, los ministros no reasignan, los ministro ejecutan", dijo
El Presidente arribó a las 9.36 a los tribunales de Comodoro Py y declaró como testigo en el juicio que se sigue por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en una causa denominada como "Vialidad" y en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El testimonio del primer mandatario fue pedido por la defensa de la expresidenta y de otros dos acusados, el empresario Lázaro Báez y el exministro de Planificación Julio De Vido a raíz de su condición de ex jefe de Gabinete en el kirchnerismo.
Desde el reinicio del debate oral tras la feria judicial de enero ya declararon como testigos otros ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.
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Los testimonios fueron pedidos por el abogado de la ex Presidenta, Carlos Beraldi, durante la etapa de instrucción suplementaria preparatoria del juicio en 2018. Para el lunes próximo está citado el presidente de la Cámara de Diputados y ex jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien declararía por videoconferencia.
