por Rafael Saralegui
10 Julio de 2019 16:19
La gestión de Fernando de la Rúa en la presidencia de la Argentina será recordada en el ámbito judicial por dos causas que se originaron en los dos turbulentos años que marcaron su paso por la Casa Rosada. Uno fue el juicio oral que se llevó adelante por las cinco muertes que se produjeron en la ciudad de Buenos Aires el 19 y 20 de diciembre de 2001, mientras su gobierno se derrumbaba, y el otro fue el debate por el caso de los sobornos en el Senado, que provocaron la renuncia de su vicepresidente, Carlos “Chacho” Alvarez, lo que dejó a la administración de la Alianza tambaleante, con un enorme vacío político.
De la Rúa, cuyos restos fueron inhumados hoy en un cementerio de Pilar, declaró durante cinco horas como testigo el 8 de julio de 2015 ante el Tribunal Oral N°6, que investigaba las muertes de Alberto Márquez, Diego Lamagna, Gastón Riva, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto como consecuencia de la violenta represión que llevó adelante la Policía Federal en el centro porteño.
Según el testimonio publicado en la página Fiscales, el ex presidente deslindó entonces toda la responsabilidad de la represión en su fallecido ministro de Interior, Ramón Mestre, su secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y en la jueza federal María Servini de Cubría.
“Afirmó que al llegar a la Casa de Gobierno el 20 de diciembre cerca del mediodía consideró que "no había nada especial ni actividad que llamara la atención. Había entre 50, 100, 120 personas" en la Plaza de Mayo. Luego, mantuvo una reunión con el ministro del Interior Ramón Mestre -imputado hasta su fallecimiento en 2003- y de Justicia y Derechos Humanos, su hermano Jorge De la Rúa. Mientras se encontraban reunidos, "llegó el aviso de las disposiciones de [la jueza federal María Romilda] Servini de Cubría para que toda la gente se ubique detrás de la valla". "Estuvimos bajo las órdenes de la jueza federal, que es la que dispone desalojar la plaza desde la Comisaría 2° y hacer cesar la intervención de la Montada", aseguró. Indicó que con el "consenso de todos" se dieron órdenes para que se retiren los uniformados a caballo, pero que no sabía quién había dispuesto que intervenga esa división de la Policía Federal”, recordó el sitio del Ministerio Público.
De la Rúa declaró entonces que Mathov lo había acompañado a dar un mensaje a la población, mientras el centro de la ciudad se había convertido en un centro de batalla entre manifestantes y policías, los saqueos se repetían en algunos sitios del conurbano y una enorme sensación de desasosiego se apoderaba de todo el país. Las palabras del entonces presidente no sirvieron de nada. Su gobierno ya no tenía margen de acción.
El ex presidente reconoció que “su renuncia se produjo tras el fracaso de las negociaciones políticas, por lo que evaluó que si él era el motivo, se apartaba: "se calmó todo, por lo que fue un complot puesto en marcha". "Salir en helicóptero fue una decisión errónea por la imagen que dio", fue la curiosa reflexión que hizo espontáneamente. Luego, añadió que se fue a las 19:00 y que tras ello lo llamó Mathov y le confirmó "que había dos fallecidos". "Imagine mi pesar, nada estaba dirigido para terminar con semejantes sucesos", concluyó”, agregó el sitio, hace dos años.
El juicio oral terminó el 22 de mayo de 2016, con una condena para Mathov a 4 años y 9 meses de prisión, mientras que el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, recibió una pena de 4 años de prisión y el director general de Operaciones, Norberto Gaudiero, 3 años y seis meses, por las muertes de los cinco manifestantes y las lesiones sufridas por un centenar de personas. Las penas más altas fueron para los policías Carlos José López y Roberto Juárez, con 6 años de prisión y 4 años y seis meses, respectivamente, por el homicidio doloso de Márquez, de 57 años, ocurrido cerca del Obelisco.
Sobornos
La renuncia de Alvarez a la vicepresidencia, el 6 de octubre de 2000, a menos de un año de haber llegado al poder, dejó al gobierno de la Alianza sin una de sus patas políticas. Chacho, de origen peronista, era uno de los líderes del Frepaso, que aliados con el radicalismo llevaron a De la Rúa a la presidencia.
Alvarez renunció luego de que comenzara a circular el rumor de que un grupo de senadores de la UCR y del PJ habían cobrados cinco millones de dólares para votar la llamada Ley de Reforma Laboral. Hugo Moyano había dicho meses antes que el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había confesado que para convencer a los senadores renuentes a votar la ley “tenía la Banelco”.
La causa judicial pasó por la manos de los jueces Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide y Daniel Rafecas, quien quien en 2007 procesó al secretario administrativo del Senado Mario Pontaquarto, a De la Rúa, a su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibañes, al ex ministro Flamarique y a los ex senadores Alberto Tell, Remo Costanzo, Ricardo Branda y Augusto Alasino.
La causa tuvo un gran impulso cuando Pontaquarto dijo primero en la revista TXT, dirigida por el fallecido Adolfo Castelo, que él había sido parte del armado para el pago de los sobornos, que el dinero había salido de la SIDE y que el presidente De la Rúa estaba al tanto de toda la maniobra. Pontaquarto fue el primer "arrepentido", cuando esta figura aún no había sido incorporada en nuestra legislación. Es decir que por sus dichos no obtuvo ninguna mejora en su situación procesal.
“Salí del garage rumbo al Senado, solo, en una noche muy fea, lluviosa, acompañado por otro vehículo, un Renault Laguna, junto a un empleado de (Fernando) De Santibañes, quien me acompañó hasta donde yo guardaba mi auto, en un lugar oficial del Senado Luego de dejar mi auto en el garaje me dirigí al salón gris de las Cámara donde habitualmente se desarrollan las reuniones de labor parlamentaria de las cuales yo participaba. [...] se hablaba de los disturbios y llega la noticia que había herido a un sindicalista y ahí el justicialismo anuncia que en esas condiciones no se puede tratar la ley al día siguiente, yo me acuerdo que estaba muy nervioso primero porque nadie salvo Genoud sabían que yo tenía el dinero, por supuesto que los senadores justicialistas no sabían que yo había ido a la SIDE a buscar el dinero, y mi preocupación era que si al día siguiente no se trataba la ley seguramente no se iba a tratar en esa semana, por lo tanto una vez que se descomprimió un poco esa reunión, le manifiesto a Genoud qué iba a hacer yo con el dinero, le digo que lo consulte a De Santibañes porque yo se lo quería llevar otra vez, a lo que él me respondió después de un rato, que no sé si lo llamó a De Santibañes o qué, que eso no podía ser, lo de devolver el dinero, que busque un lugar seguro y que lo tenga yo”, dijo Pontaquarto en su declaración.
Sin embargo, pese a la contundencia del testimonio de Pontaquarto, todos los acusados resultaron absueltos. El 23 de diciembre de 2013, los jueces del Tribunal Oral N°3, Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez,consideraron que no se probó el pago de los sobornos. El fallo fue confirmado dos años más tarde por la Cámara de Casación Penal. Los jueces dijeron que no se pudo probar la ruta del dinero a partir de la cuentas de la Secretaría de Inteligencia.
