Hablar del pasado nos refleja el presente. Está claro que las discusiones que parecían saldadas sobre Derechos Humanos (DDHH) están siendo puestas en discusión para favorecer a sectores de ultraderecha que están pergeñando un plan económico que triture para siempre la soberanía nacional.
Soberanía nacional no sólo en cuanto a lo económico. Es en lo cultural y en lo político donde también generará sacudones. Que La Libertad Avanza perfore profundo en las heridas que lentamente empezaban a sanar, 40 años de Democracia ininterrumpida después, no es casualidad: en Italia, Estados Unidos, Brasil y España entre otros países, los sectores de ultraderecha ganan espacios cada vez más importantes.
Sin embargo, lo más importante es sostener la memoria, conocer la historia, desandar amorosamente esos caminos que dejaron miles de militantes para poder seguir viviendo en Democracia, para votar libremente, para tener libre expresión garantizada, para que las mujeres puedan decidir por sí mismas, para que las niñeces y adolescencias accedan a la educación pública, laica y gratuita, para que las vejeces accedan a jubilaciones dignas y los trabajadores a aguinaldo, vacaciones y jornadas de 8 horas.
El 2023 fue año un profundo caos y dolor para quienes sufrieron las consecuencias de la época más lúgubre de la historia: la de la dictadura militar del '76 que dejó 30.000 detenidos desaparecidos y tras ese número un sinfín infinito de abrazos rotos, fotos familiares incompletas y la pregunta recurrente: ¿dónde están los bebés robados durante esa época nefasta?
Viles y foscas mentes preguntan, indagan, cuestionan a los 30.000, como queriendo convertir a esas historias de vidas en fríos números. Pero a esa riña y a ese deseo de implantar la "Teoría de los dos Demonios" se la combate con verdad, con memoria y con justicia.
BigBang trae las claves para entender cómo se llegó al acuerdo social que exhorta 30.000 personas -como mínimo- afectadas por la dictadura y que, por razones políticas ahora cuestionan los principales referentes de la ultraderecha: Javier Milei y Victoria Villaruel, candidatos a presidente y vicepresidenta.
"Los desaparecidos no fueron inocentes"; "No son30 mil"; "Algo habrán hecho", son frases netamente negacionistas pero que no tienen asilo en la historia contada desde la perspectiva de DDHH. Es que, lo primero que hay que entender es que las patotas que secuestraban, violaban, desaparecían, torturaban -entre otras vejaciones- a ciudadanos argentinos no dejaron, lógicamente cifras oficiales.
Es decir, los datos que existían en esa época y que se muestran en la tabla a continuación son fuente extraoficiales, aunque hubo un agente chileno de nombre Arancibia Clavel que tenía conexiones muy próximas a los dictadores argentinos y que en un informe reservado por Secreto de Estado, numeraba 22.000 personas muertas o desaparecidas.
Pero es en esa palabra, "desaparecidas" es donde recae el quid para entenderlo todo: para llegar al número de 30.000. Un "desaparecido" no solo refiere a quienes murieron por el aparato represor de militares argentinos; representa también a quienes estuvieron desaparecidos pero luego fueron encontrados; describe a quienes no pudieron vivir más en Argentina por la persecución política que sufrían y por tanto tuvieron que emigrar para no morir.
Ya lo decía Jorge Rafael Videla: "¿Qué es un desaparecido? En cuanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si reapareciera tendría un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido".
Pero sigamos caminando hasta llegar a esa verdad: son 30.000. El problema con contabilizar las cifras es que no hay oficiales, sin embargo hay algunas pistas y se hace una reconstrucción estimativa a través de los registros que se pudieron investigar en época de Democracia.
Desde 1976 hasta 1983 los edificios estatales, escuelas, casas quintas, propiedades en desuso y casas particulares se convirtieron en Centros Clandestinos de Detención (CCD). Allí ingresaba la mayoría de detenidos forzosamente por las Fuerzas Armadas argentinas... cuando esas personas llegaban les esperaba el infierno y formas de tortura desconocidas: picana, parilla, violaciones, robo de bebés, tortura psicológica, quemaduras e indescriptibles tártaros.
Sin embargo, la existencia de los CCD fue importantísimo para llegar a la cifra de los 30.000: se calcula que hubo unos 814 centros clandestinos de tortura distribuidos en todo el país. Solo por Campo de Mayo pasaron 4.000 personas, en la ESMA estuvieron unas 4.500, en La Perla (Córdoba) unas 2.500, en Club Atlético 1.500 y en el Vesubio se contabilizaron 2.000.
Las matemáticas son específicas: si solo se cuentan esos cinco centros de detención hay 14.500 personas. Y, si lo relacionamos con los 814 que existían... la cifra de 30.000 parece totalmente acertada.
En épocas de terror infundido, de riesgo de la Democracia, de reabrir heridas siempre es bueno volver a la lucha incansable de Madres de Plaza de Mayo. Esas mujeres que lucharon hasta el cansancio para buscar y encontrar a sus hijos e hijas, nietos y nietas.
Estela de Carlotto lo había explicado claro: "Nosotros manejamos esa cifra de 30 000 porque los propios genocidas la llevaron a 45 000. Todavía estamos recibiendo denuncias de nietos que nacieron en cautiverio porque hay personas que se están animando ahora a contar la verdad. ¡Qué maldad empezar a manejar cifras! Que nos dé la lista de los que él piensa que son, si la tiene. [...] Hubo familias que quedaron diezmadas y nadie hizo denuncias. Se registraba como se podía".