15 Junio de 2016 12:12
Los casi 9 millones de dólares que le secuestraron al ex secretario José López en el convento de General Rodríguez fueron depositados como primera medida en la bóveda del Banco Provincia en la La Plata, hasta donde fueron llevados en medio de una gran dispositivo de seguridad.
¿Pero qué ocurrirá con ese dinero mientras las causas en su contra sigan su trámite? Primero se debe resolver, qué juez se hará cargo en forma definitiva de la suma encontrada. Por ahora, es la fiscal de Alejandra Rodríguez quien está a cargo del dinero y de su custodia, ya que ella estaba de turno cuando López fue detenidos.
José López era el segundo del Ministerio de Planificación que conducía De Vido.
Pero el juez federal Daniel Rafecas, que investiga a López por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, pidió al fiscal de General Rodríguez que se inhiba, le remita la causa y el dinero, al considerar que esa montaña de billetes son justamente la evidencia del enriquecimiento de quien fue el segundo de Julio De Vido durante doce años.
En la causa que se tramita en la provincia, López es investigado por la tenencia de carabina Sig Sauer, cuya portación estaba vencida, y por el supuesto delito de lavado de dinero, por la enorme suma que le encontraron los policías, cuando intentaba ingresarla en medio de la noche en el convento.
Si la fiscal Rodríguez no hace lugar al pedido del juez Rafecas se plantea un conflicto de competencia. Como son magistrados de jurisdicciones diferentes, el entuerto deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de la Nación y superior de los dos en última instancia.
Si la Corte resuelve entonces que la causa y el dinero pasen a la órbita de Rafecas, el juez puede decidir que sigan depositados en el Banco Provincia u ordenar su traslado. El artículo 2° de la Ley 20.785, que ordena qué hacer con los bienes en las causa penales, establece que “en cuanto el estado de la causa lo permita, dinero, títulos y valores secuestrados se depositarán, como pertenecientes a aquélla, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires o en la sucursal del Banco de la Nación Argentina que corresponda”.
En general, los jueces ordenan que el dinero sea depositado en un plazo fijo, es decir, no que queden inmovilizados en una bóveda. El objetivo evidente es que el dinero no pierda su valor. Por eso, una inversión tradicional como el plazo fijo y no una de mayor riesgo. Los casi 9 millones de dólares podrían generar unos 180 mil dólares al año, con una moderada tasa de un 2 por ciento anual. Al cabo de diez años, que es lo que se prolongan en promedio las causas de corrupción en la Argentina, serían 1,8 millones de dólares más.
María Julia Alsogaray fue una de las pocas condenadas por corrupción.
El clamor general es que el dinero de la corrupción vuelva al Estado o a la sociedad, como una forma de reparar “el daño” causado. Hay quienes dicen que el dinero debería ser usado para construir escuela, hospital o centros sanitarios. Todo muy bonito, pero nada es así.
El caso de María Julia Alsogaray
Cuando la causa contra López finalice y eventualmente sea condenado, el dinero pasará a la órbita de la Corte Suprema de Justicia. Según lo establece el artículo 3° de la Ley 23.853, referida al presupuesto del Poder Judicial, los “efectos secuestrados en causas penales que no hayan podido entregarse a sus dueños”, pasan a integrar el presupuesto de la Justicia.
Uno de los pocos antecedentes de un caso de corrupción que terminó con una condena fue el de
María Julia Alsogaray.
Tras la condena en 2004, se ordenó el remate del Petit Hotel que la ex funcionaria había comprado en la Recoleta. En su momento, un par de ONGs pidieron que el dinero obtenido en el remate fuera destinado al Hospital Garrahan. Pero la Corte se negó: en un fallo de 2013 sostuvo que esos fondos pasaban a engrosar el presupuesto del Poder Judicial.
