La fiscal de instrucción Mónica Cuñarro formalizó la acusación contra el ex funcionario macrista, Santiago Hardie, imputado por el delito de estafas reiteradas en la causa que investiga a la Fintech Wenance. Además, se opuso al pedido que había hecho la defensa del CEO de la financiera investigada para suspender las declaraciones indagatorias de todos los imputados.
La fiscal comprobó que desde Wenance se otorgaron préstamos a personas que no calificaban para obtenerlos en el sistema bancario y les cobraron en promedio un 55 por ciento más de interés que la tasa de mercado. En concreto, Cuñarro acusó a Hardie de integrar una organización criminal que cometió delitos desde el 2016 y que habría estafado entre 3.000 y 5.000 personas por un total de 20 millones de pesos.
Hardie tuvo su minuto de fama en la política. Fue gerente general de la Fundación Pensar y luego nombrado secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando lo comandaba el ex titular de La Rural, Luis Miguel Etchevehere. En la actualidad, es el coordinador de la campaña de Patricia Bullrich en La Rioja y Catamarca.
El escándalo Wenance: embargo, supuesta estafa y un ex funcionario macrista involucrado
El hombre de Macri y Bullrich no actuó sólo para la fiscal. En la causa también fueron imputados Paola Vallone, Gustavo Molas y el CEO de la financiera, Alejandro Muszak. Es por eso que el juez Alberto Baños dio lugar al pedido de Cuñarro y fijó las fechas de las declaraciones indagatorias para esta semana.
Días atrás, los imputados habían solicitado la suspensión de las indagatorias alegando que habían alcanzado acuerdos de mediación prejudicial civil con la mayoría de los denunciantes. Sin embargo, la fiscal rechazó el pedido de avalar la extinción de la acción penal por los acuerdos económicos alcanzados y sostuvo que no son aplicables.
Según la investigación, todos esos miembros son acusados de esta contra los que tomaron créditos: “La maniobra consistió en otorgarles un préstamo de dinero a través de la firma de un contrato de mutuo, el cual sería cancelado mediante el débito automático del dinero de sus cajas de ahorro en cuotas mensuales y consecutivas”. Y agregó: “Las tasas de interés que cobraba Wenance eran un 55%, en promedio, más altas que las del mercado”.
La investigación de Cuñarro comenzó hace varios años por denuncias de distintos clientes. La primera fue en 2016. En ese sentido, la fiscal afirmó: “Detectamos un patrón de comportamiento ilícito, sistemático, organizado y reiterado en el tiempo por parte de Wenance S.A. y las empresas relacionadas, respecto a los tomadores de créditos”. Y explicó: “el aprovechamiento de la necesidad, vulnerabilidad e inexperiencia de las personas que contratan con la firma, pactando intereses que resultan abusivos y que no alcanzan a encontrar justificativo en el riesgo que supone un préstamo a personas que no califican para su otorgamiento dentro del sistema financiero tradicional en donde se requiere el cumplimiento de tantos requisitos que es prácticamente imposible cumplirlos”.
La empresa Wenance tiene inversores tanto en Argentina como en Uruguay en España. En este último país hay más de 1200 millones de inversores estafados. En tanto, en Argentina se cree que los clientes afectados por la estafa son entre 3000 y 5000 por valores que superan los 20 mil millones de pesos. Esa totalidad de dinero estaba dividida en tres fideicomisos privados. Hasta ahora, los titulares de la empresa propusieron pagar las deudas en 14 cuotas, 12 por la totalidad de la inversión y otras más por los intereses. Ese plan fue rechazado. Los estafados quieren que para los que invirtieron más de 3.000.000 de pesos, el total sea pagado al cambio del dólar MEP.
Mientra tanto, Wenance fue embargada por el juez Diego Manuel Paz Zaravia, que está a cargo del Juzgado Comercial N°16 porteño. Junto a la empresa fue embargado también el CEO Muszak por $450 millones en concepto de capital, intereses y costas. Todo sucedió luego de que Latam Consumer Credit BV, un fondo de inversión de Holanda, lo denunciara por una deuda de 300 millones de pesos.