Abogado, miembro de la mesa judicial del ex presidente Mauricio Macri, ideólogo de varias de las estrategias en temas legales que tuvo la administración del ex presidente y encargado, entre otras cosas, de delinear la relación entre el macrismo (y el larretismo) con la industria del Juego. Parlamentario del Mercosur, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón tiene que enfrentar ahora una indagatoria como consecuencia de la denuncia judicial por presiones al Grupo Indalo de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Mientras Macri fue jefe de Gobierno, Rodríguez Simón pasó por diferentes funciones. Uno de los capítulos más recordado es el libro que tuvo que sacar de circulación, por 2013, en el que hablaba sobre la situación de la Corte Suprema y la ley de medios. En esas paginas Rodríguez Simón, que oficiaba como asesor legal del Grupo Clarín, sostenía que todos los caminos conducían a un fallo favorable de la Corte hacía el multimedios, cosa que no pasó.
Las malas lenguas recuerdan que misteriosamente ese libro salió de circulación de las librerías a casi una semana de haberse publicado. Rarezas. Durante la gestión en la Ciudad estuvo a cargo de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) a la que se la acusó de recorrer las calles por las noches para expulsar a personas que vivían en situación de, valga la redundancia, calle.
La causa por esa denuncia quedó archivada y todos los involucrados sobreseídos porque no se encontró, por fuera de las denuncias de algunos dirigentes vinculados al kirchnerismo, evidencia de que eso sucedía.
Con Macri ya en la Presidencia, Rodríguez Simón tomó un rol más activo en las decisiones judiciales. De su autoría salió el Decreto que nombró en comisión a dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti. En ese entonces la decisión, según el propio Rodríguez Simón sostenía, correspondía a la necesidad de mandar un “mensaje fuerte”. Era en la Corte o la remoción de la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, que también se redactó pero cuyo autor fue el diputado nacional Pablo Tonelli.
Con el correr del 2016, el ahora parlamentario por el Mercosur no sólo empezó a tejer una relación sólida con la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió y varios de los integrantes de su círculo intimo al punto de empezar a compartir “enemigos”, como fue el caso del ex presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sino que también siguió, y escaló, un viejo conflicto que mantenía con Cristóbal López por la administración de juego en la Ciudad.
Durante años, y aun con fallos judiciales que ratificaban la potestad de la Ciudad para el control, las empresa que se dedicaban a explotar el Juego en territorio porteño se negaban a pagar el impuesto a los Ingresos Brutos. Con Macri en la Presidencia, Rodriguez Simón contaba con nuevos “fierros” para lograr ese acción y así sucedió.
En una reunión a solas con López le alcanzó una cifra que era la correspondiente a lo que debían de Ingresos Brutos. A la prensa se le dijo que había sido una intimación formal aunque el control del Juego todavía estaba en potestad nacional. Luego López cerró la venta de sus acciones a Ricardo Benedicto y, para evitar tener mayores problemas con el controlador, las dos sociedades que administran el Hipódromo y el Casino decidieron ingresar de forma voluntaria a la moratoria.
Para la misma fecha se terminó de delinear la hoja de ruta del traspaso del Juego, que se encargaba de manejar el propio Pepín. En 2017 estuvo junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la inauguración del centro de control. Era el único funcionario sin cargo ejecutivo que estaba ahi. Por esas fechas los abogados de las empresas habían realizado ciertos cuestionamientos al proceso que nunca se presentaron. ¿Serán los que tomará Máximo Kirchner para dejar sin efecto ese traspaso que le permite a la Ciudad recaudar el 2% de sus ingresos?
La disputa continuó con Macri fuera del poder. A diferencia de la provincia de Buenos Aires, en donde también supo tener injerencia en materia de juegos de azar, en la Ciudad la ley que reglamentaba el juego online prohibía que las sociedades que tenían algún negocio de azar en territorio porteño accedieran a una licencia. El objetivo era claro: que los controladores del Hipódromo y el Casino no pudieran acceder.
Bajo la chance de que el conflicto escale en tribunales, se decidió cambiar ese normativa, pero se guardó un carta; para acceder a la licencia (se estipula que estaría todo listo a fin de este mes) tendrán que presentar todos los papeles de la venta de acciones entre López y Benedicto.
Por fuera del juego, Rodríguez Simón se hizo cargo además de uno de los juicios internacionales más complicados para la Argentina: YPF. Director de la petrolera de control estatal, se puso al frente junto al ex Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, de juicio contra el fondo buitre Buford.
Fue él quien decidió la estrategia dual en Nueva York y en Madrid. En territorio norteamericano planteo la posibilidad de que se ejecute una cláusula judicial conocida com “Discovery” que permitiría que se conozcan toda la documentación de la empresa desde el proceso de privatización hasta la compra de acción por la familia Eskenazi, a la que se le permitió pagar ese capital con dividendos de la propia empresa en lo que fue un pedido del ex presidente Néstor Kirchner al que Repsol accedió debido a que le permitían girar a la casa matriz el 90% de los dividendos.
Esa operatoria llevó al desfinanciamiento de la empresa y originó que en 2013 se le compre el 51% de las acciones a Repsol por USD 5.000 millones, que era la totalidad del valor de la empresa en ese entonces. En el juicio Buford reclama que también se tendría que haber pagado por el paquete accionario de los Eskenazi debido a que las cláusulas de la privatización establecían que cualquier recompra por parte del Estado tenía que ser por el 100% de las acciones y no por una parte.
Esta semana se conoció que se activará esa cláusula pero que tendrá confidencialidad por expreso pedido de los abogados del Estado que ahora están a cargo del nuevo Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Es decir que el Estado evita que se conozcan documentos que podrían ser beneficiarios para demostrar que una operación fue hecha de forma irregular y por ende no tener que pagar miles de millones de dólares con un fallo adverso.
El segundo punto de la estrategia, que están en Madrid, es demostrar que esa compra de los derechos de litigio por parte de Buford al Grupo Petersen nunca ocurrió y que lo que realmente pasa es que se trató de una representación encubierta. Aquí la Justicia le terminó dando la razón Buford.
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Por fuera de eso, Rodríguez Simón siempre cultivó una gran relación con el ex jefe de asesores de Macri, José María Torello, con quien creó la Fundación Pericles; recordada por el local que tenían en Constitución en donde las tertulias de política solían acaparar la atención de varios funcionarios porteños.