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Quién es el polémico juez que ordenó detener a Hebe

Martínez de Giorgi tiene 50 años y lleva una década en Comodoro Py. Durante los años del kirchnerismo, sobreseyó al matrimonio presidencial y a Ricardo Jaime. En junio pasado, protegió de un embargo de la UIF a Antonio Stiuso. Su esposa es funcionaria judicial.

05 Agosto de 2016 02:18
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Marcelo Martínez de Giorgi tiene 50 años, nació en Capital Federal, es egresado de la Universidad Kennedy y lleva una década en los tribunales de Comodoro Py. En 2006, tras la renuncia del juez Jorge Urso, el Consejo de la Magistratura lo designó a para que asumiera como subrogante en el Juzgado Federal N° 8. En 2008, cuando Jorge Ballestero fue ascendido a la Cámara Federal, Martínez de Giorgi comenzó a subrogar también el Juzgado Federal N° 2.

Es quién hoy pidió la detención de Hebe de Bonafini. "Este juez nació en un repollo" y "son caballos, no saben lo que hacen", fueron otra de sus fuertes declaraciones, esta vez a Víctor Hugo Morales, en C5N.

Carrera

Durante la década del '90 pasó por distintos cargos dentro de la Cámara Federal hasta que en 2001 fue designado secretario de la Sala II, que en ese momento integraban Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi. Realizó un posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Palermo y en 2001 comenzó a ejercer la docencia en la cátedra de Carlos Elbert en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Martínez de Giorgi, en 2015, en un acto organizado por la Corte Suprema.

Según el Observatorio de Causas de Corrupción, que elabora la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), se inscribió en el Concurso 140 para cubrir cuatro juzgados vacantes, con la ventaja de que dos de ellos ya estaban a su cargo. Obtuvo el primer lugar en la terna del Consejo y en 2012 asumió como titular en el Juzgado N° 8, uno de los que antes subrogaba.

Después de años de fallar en sintonía de acuerdo a los deseos de la Casa Rosada en los años del kirchnerismo, Martínez de Giorgi dio un vuelco que se observa con nitidez a fines de 2014. Recién entonces sus decisiones comenzaron a complicar a los inquilinos del poder central.

Causas trascendentes

En junio pasado, el magistrado tomó dos decisiones trascendentes.

Después de la detención de José López en el convento de General Rodríguez con 9 millones de dólares, Martínez de Giorgi llamó a declaración a indagatoria a López, Hebe de Bonafini, Julio De Vido y otras 39 personas entre las que figuran ex gobernadores como Jorge Capitanich, Gerardo Zamora y Maurice Closs.

El juez reabrió la causa de Sueños Compartidos después de la detención de José López.

La otra fue rechazar un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para dictar un embargo preventivo sobre los bienes de Antonio Stiuso, el ex jefe de Contrainteligencia de la SIDE.

La denuncia por enriquecimiento ilícito sobre Stiuso había sido radicada por el legislador de Bien Común Gustavo Vera -que presentó información sobre 60 empresas ligadas al ex hombre fuerte del espionaje- y se sumaba a otra que había formulado la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por lavado de dinero.

En junio, el magistrado protegió a Stiuso de un embargo que había ordenado la UIF.

La causa la sustanciaba el juez Sebastián Casanello pero Stiuso logró recusarlo y, finalmente, quedó en manos de Martínez Di Giorgi, que apartó a La Alameda como querellante, lo que le permitía pedir medidas de prueba y tener acceso a la causa.

“En este contexto de haber cambiado tres jueces en el plazo de un año y haber levantado el embargo a Stiuso y su banda es que estamos discutiendo el rol de la Alameda en la causa. El argumento de los abogados de Stiuso que adoptó el juez Martínez Di Giorgi y veremos si los camaristas es desligar el dinero generado de la trata y prostíbulos de las decenas de empresas de Stiuso y que en los últimos seis meses en funciones de Stiuso como servicio facturó a través de su empresa American Tape 141 millones pesos en el banco Superville y Credicoop". declaró el titular de La Alameda.

El legislador Gustavo Vera, querellante de Stiuso, apartado por Martínez de Giorgi.

Con el kirchnerismo

Martínez de Giorgi tuvo una actitud complaciente con el gobierno anterior durante los años del kirchnerismo en el poder.

En agosto de 2010, sobreseyó a Cristina y Néstor Kirchner por la creación de la consultora privada El Chapel y consideró que "no había incompatibilidad entre la Presidencia y la empresa familiar". A su vez, a fines de marzo de 2011, sobreseyó al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en una causa en la que se investigaba si había favorecido a las empresas de colectivos para que pudieran seguir usando colectivos con antigüedad antirreglamentaria. 

Ricardo Jaime, uno de los sobreseídos por el juez, durante los años del kirchnerismo.

A fines de 2014, en coincidencia con la ruptura de Stiuso con el gobierno de Cristina Kirchner, comenzó a incomodar al kirchnerismo: procesó al fiscal Carlos Gonella y citó a indagatoria al ministro de Justicia Julio Alak. 

En mayo pasado, el magistrado dictó la falta de mérito en la causa por dádivas contra el ex vicepresidente Amado Bodou, acusado de haber viajado a Necochea en un avión privado, por el que nadie pagó, para asistir a un acto. 

Desde marzo además tiene a su cargo la causa por enriquecimiento contra Carlos Liuzzi, el número 2 de Carlos Zannini en la subsecretaría de Legal y Técnica durante la gestión de Cristina Kirchner.

Hay un dato más -insoslayable- en su curriculum: está casado con Ana María Juan, prosecretaria de la Sala I de la Cámara Federal. En marzo pasado, Martínez de Giorgi sobreseseyó a Eduardo Freiler, uno de los miembros de la Cámara en la que trabaja su esposa, en una denuncia que Ricardo Monner Sans había presentado por enriquecimiento ilícito.