27 Diciembre de 2016 15:46
Cuatro días después de haber cumplido 62 años, Carlos Santiago Kirchner recibió la noticia de su procesamiento como coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada contra la administración pública.
El juez federal Julián Ercolini lo procesó bajo ese cargo junto a cinco personas de las que -en base a su perfil ultrabajo- el primo de Néstor Kirchner había buscado diferenciarse durante los 12 años en que los santacruceños se apoderaron del poder central: Cristina Elisabet Fernández, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti y Lázaro Antonio Báez.
No sólo eso: además lo embargó por 10.000 millones de pesos y le ordenó al Banco Central arbitrar los medios necesarios para la inmovilización y congelamiento de las cuentas bancarias que registren a su nombre.
Carlos Santiago Kirchner. Su primo creó una secretaría y lo puso al frente de la obra pública.
"Nacido y criado en Río Gallegos, hijo de Carlos Arturo Kirchner, sin sobrenombres ni apodos, casado con dos hijos, de profesión arquitecto", así define el juez Ercolini al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal del Ministerio de Planificación.
En las 794 páginas de su fallo, el magistrado se refiere en varias oportunidades al primo arquitecto del ex presidente y lo considera una pieza vital "de una asociación que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".
Carlos Santiago Kirchner fue designado por un decreto de su primo el 28 de julio de 2005 y se quedó hasta el último día del gobierno de Cristina Fernández. Dice Ercolini: "habría perjudicado los intereses confiados al omitir cumplir con los deberes a su cargo, que incluían la coordinación entre las distintas áreas dependientes de la Secretaría de Obras Públicas y los entes descentralizados, en materias vinculadas con obras de infraestructura vial integral; y la aprobación y control del efectivo cumplimiento de los proyectos, programas, planificación territorial de la inversión pública, planes y acciones que llevaren adelante; las que le competían en virtud del decreto 907/05".
El arquitecto Kirchner armó una sociedad para ocultar parte de su patrimonio.
Ercolini consideró insoslayable una presentación del titular de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici que aportaba un dato decisivo: Carlos Santiago Kirchner ocultó parte de su patrimonio, junto con la participación de su grupo familiar primario (esposa e hijos) mediante la constitución de una sociedad, a la que ha dotado de activos por sumas siderales.
El 20 de marzo de 2012, el primo del ex presidente constituyó una sociedad anónima que denominó “K-SANC S.A.” junto a Cecilia Catalina Saade, Carlos Jorge Kirchner y Carlos Rodrigo Kirchner, con una actividad denunciada ante la AFIP la de “venta al menor de pinturas y conexos” y que meses después de su constitución, precisamente el 10 de julio de 2012, adquirió 5 unidades funcionales de un inmueble sito en la calle Jorge Luis Borges nro. 2470/74 de esta ciudad, por la suma de “29.960.000, que a la fecha importaba U$S 6.613.685.
En el descaro que presentó ante Ercolini cuando fue llamado a declaración indagatoria, el primo del ex presidente afirmó que no tuvo responsabilidad asignada -ni podía reclamar su subsecretaría- respecto de la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad, no sólo en el caso de las empresas de Lázaro Báez sino en general con ninguna empresa vinculada al negocio de la obra pública en las que intervenía esa dirección nacional que estaba sometida al control de otro organismo.
Para el juez, el primo de Kirchner integró un plan deliciivo que comenzó en 2003.
Reiteró que a diferencia de la DNV, que en el ámbito de la subsecretaría de Obras Públicas interactuaba con las agendas provinciales, su subsecretaría se ocupó siempre e inexorablemente de obras públicas coordinadas con los municipios, y que esa era la forma en la que debía interpretarse la división funcional de esas dos subsecretarías.
El juez consideró que las cosas eran distintas.
"Entre todos diseñaron un proyecto delictivo a nivel nacional destinado a apropiarse deliberadamente de los fondos atribuidos a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, para lo cual montaron una estructura de gobierno que fuera funcional con las necesidades de la organización. Puntualmente, con el objeto de enriquecer con fondos públicos a través de la adjudicación irregular de obra pública vial al empresario Lázaro Báez".
"Una vez ubicados en cargos claves para cumplir con los diversos roles que tenían en razón de los planes delictivos elaborados, y conformada la estructura funcional a nivel nacional; los mentados Néstor Kirchner, Fernández, De Vido, López, Periotti, Carlos Kirchner y Lázaro Antonio Báez, seleccionaron a la provincia de Santa Cruz -lugar en el que residía la mayoría y donde cumplían sus funciones- para concentrar en ella los recursos públicos. Para ello, se dotó de fondos a la DNV para que, mediante la firma de diversos convenios, fuera la AGVP de Santa Cruz la que asignara a las empresas del último la mayoría de las obras públicas viales a desarrollarse allí".
Dijo que no tenía relación con Báez ni con el resto del gobierno y que se dedicaba a obras municipales.
Según el juez, el primo Kirchner fue nombrado para ocupar un cargo público al que se le atribuyeron amplias competencias en materia de obras públicas, todas excluidas del ámbito de actuación de otros funcionarios para que, en la práctica, omitiera deliberadamente llevarlas a cabo."Esta circunstancia, fue reconocida por el propio Kirchner cuando asumió que solo se había dedicado a la realización de obras municipales".
Ercolini consideró que el nombramiento de Carlos Santiago Kirchner "respondió pura y exclusivamente al propósito de lograr concentrar la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, en detrimento de las demás provincias, y luego contratar para su ejecución a Lázaro Báez".
"Su intervención estuvo orientada desde un principio al fin espurio de permitir desde su rol que la distribución geográfica de las obras se guiara hacia esa provincia, que la DNV recibiera millonarios fondos estatales, que delegara sus facultades en la agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz, que permitiera el trámite de procesos irregulares de contratación y de pago hacia las empresas de Lázaro Báez, y finalmente, que se perjudicara el Estado nacional por los incumplimientos en que incurrió el conglomerado del nombrado.
El objeto del plan, según el juez: "enriquecer con fondos públicos al empresario Lázaro Báez".
Se le otorgaron facultades muy amplias vinculadas a la programación de las obras viales con las dependencias de la Secretaría de Obras Públicas y los entes descentralizados y al control de que éstos se lleven a cabo, lo que efectivamente incumplió dado que, tal como ya fue valorado, la provincia de Santa Cruz resultó la más beneficiada en el otorgamiento de obra pública vial.
Ercolini también tomó en cuenta la declaración indagatoria del ex subsecretario de Obras Públicas Hugo Manuel Rodríguez: el ex funcionario señaló que en las oportunidades en que había querido entrometerse en las cuestiones vinculadas con la DNV, José Francisco López le indicó "vehementemente" que los temas relacionados con esa dirección eran competencia de Carlos Santiago Kirchner, cuya subsecretaría tenía control sobre todas las demás.
