La salud pública en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes debido a los recortes presupuestarios implementados por el gobierno de Javier Milei. La motosierra inhumana del libertario afecta gravemente el funcionamiento de los hospitales y la calidad de atención médica, generando un clima de incertidumbre y descontento entre los profesionales de la salud y la población en general.
Uno de los casos más emblemáticos es el del Hospital de Pediatría Garrahan, reconocido como uno de los principales centros pediátricos de América Latina. A pesar de no haber sufrido un recorte directo del presupuesto, las políticas de ajuste llevaron a una disminución en la calidad de los insumos y recursos disponibles, afectando la atención de los pacientes. Los trabajadores del hospital denunciaron la implementación de técnicas quirúrgicas obsoletas y la escasez de medicamentos esenciales, lo que motivó a diferentes protestas y huelgas en demanda de mejoras salariales y condiciones laborales dignas.
La situación se replica en otros centros de salud, como el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, donde se reportaron la amenaza de un cierre definitivo, que comenzó con cientos de despidos; siendo esta una de las áreas con mayores pacientes luego de la pandemia. Estas decisiones llevaron a manifestaciones por parte del personal médico y de la comunidad, quienes exigen la continuidad de los servicios y una mayor inversión en salud mental. Los recortes también impactaron en los salarios de los profesionales de la salud: según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), instituciones como el Instituto de Salud Dr. Carlos G. Malbrán y la Agencia Nacional de Discapacidad experimentaron reducciones presupuestarias significativas, lo que se replicó en los sueldos de los profesionales con el que no llegan a cubrir las necesidades básicas para vivir. Esta precarización laboral provocó la renuncia de personal calificado y una sobrecarga en el sistema público de salud, ya que cada vez más personas, ante la imposibilidad de costear servicios privados, recurren a hospitales públicos.
BigBang dialogó con diferentes profesionales de la salud del Hospital Posadas, Garrahan y Bonaparte, algunos de ellos despedidos como consecuencia del ideal de achicar el Estado, y otros de ellos laburantes que viven día a día los recortes de insumos y presupuestos, realizando malabares para dar la mejor atención posible a los pacientes.
En este contexto, el próximo jueves 27 de febrero, los trabajadores convocan a una Marcha Federal por la Salud desde el Ministerio de Salud hasta la Plaza de Mayo la cual comenzará a las 15 horas bajo la consigna: "Milei estafador, despide y vacía los hospitales". La convocatoria se da en un contexto de ataque continuo por parte del gobierno al sector público: "Es importante que los sectores de salud estemos nucleados porque hay un ataque particular, que por un lado es a los sectores de salud nacionales, pero después hay un ataque más al conjunto, cualquier ataque a un hospital nacional es un ataque al conjunto, porque estamos hablando de, en el caso del Posadas, hospitales de alta complejidad, entonces inevitablemente afecta la salud del conjunto, a nivel provincial, municipal, no hay manera de que eso no suceda", comentó Malvina, empleada del Hospital Posadas a este medio.
Desde los centros públicos convocan a la marcha federal con objetivos firmes: "Exigimos la reincorporación de los 200 trabajadores despedidos en Enero del 2025 que se suman a los 30 despidos de agosto del 2024. Exigimos que se le garantice la continuidad de tratamiento integral por salud mental a los pacientes que se quedaron sin equipo tratante. Solamente en el dispositivo de Niñez y adolescencia, hoy hay 106 niñxs a los que le fue interrumpido su tratamiento, con las consecuencias graves que esto trae en la salud y en el desarrollo de su vida", narró Julieta Chevalier, trabajadora social, que continuó: "Exigimos que se reanuden los tratamientos de hormonización, ya que esta medicación dejó de comprarse en una decisión política de discriminación a la población LGTBIQ+ que se atiende en nuestro hospital. Porque no cambió nada en el último mes que impida la compra y logística de la medicación. Con la reincorporación de los trabajadores despedidos, no sólo se repararía la pérdida de esas 200 fuentes de trabajo, si no que se restablecerían tratamientos integrales, brindados por psicologxs, psiquiatras, trabajadorxs sociales, enfermeras, musicoterapeutas, laboratorio, terapia ocupacional, odontología, kinesiología y nutrición, que hoy se ven afectados".
Mientras el gobierno de Javier Milei se excusa bajo la bandera de un equilibrio financiero para el país, confirmando que los empleados despedidos no son necesarios, desde los centros de salud aseguran lo contrario: cada uno de los trabajadores eran y son de utilidad para que un paciente pueda llevar adelante su tratamiento: "En el Hospital Bonaparte, se profundizaron cuadros de angustia y otras manifestaciones del sufrimientos, por los tratamientos interrumpidos. Estimamos que las consecuencias más graves en la salud de la población que quedó sin tratamiento, están evolucionando, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, lo que les traerá problemas para su desarrollo. En todos los casos, suspender tratamientos de salud mental, en un momento en el que la tasa de suicidios está subiendo, contribuirá al aumento de esta problemática", estimó Julieta.
La Marcha Federal por la Salud Pública del día jueves no sólo fue impulsada por los trabajadores, sino que también pacientes se levantan en contra de las medidas de La Libertad Avanza: "También trajo aparejado que los usuarios se organicen para reclamar por los tratamientos, lo que hace que la intervención del Hospital tenga que hacer lugar a estos reclamos. También recibimos el malestar de los pacientes al comunicarles que el hospital no está pudiendo dar respuesta a su problemática lo que también genera angustia entre los trabajadores".
La situación actual de la salud pública en Argentina pone de manifiesto las consecuencias de las políticas de austeridad en sectores esenciales. La comunidad médica y la sociedad en su conjunto demandan soluciones concretas que permitan revertir el deterioro del sistema sanitario y asegurar condiciones laborales justas para quienes dedican su vida al cuidado de la salud de la población: "Lo que afecta es, por un lado, ver que es muy difícil poder dar la atención que creemos que verdaderamente se merecen los pacientes, pero obviamente pelear por esa atención, ver que faltan cosas elementales donde los trabajadores ponen todo a pulmón y no ver que acompañen esas condiciones", relató Malvina del Posadas sobre cómo los recortes monetarios no sólo afecta al sueldo de los empleados, sino también a su salud psicológica y anímica.
El presidente Javier Milei y su ministro de Salud, Mario Lugones, afirmaron en las últimas horas que no se suspenderá ningún tratamiento oncológico. En esta línea, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan, desmintió a los funcionarios y remarcó el poco interés de los libertarios a la hora de enfocarse en las consecuencias humanas que trae el recorte a la salud pública. Es en este contexto, que la Marcha Federal por la Salud Pública se lleva a cabo ante la falta de comunicación con el gobierno y sus asambleas con falsos ánimos de llegar a un acuerdo: "No se han tomado medidas para mitigar este impacto, no desde el gobierno ni de las autoridades, sí hemos tomado medidas los trabajadores, y allí donde las hemos tomado con más energía hemos conseguido ahí sí, paliativos. Por ejemplo, en el Hospital Garrahan hicimos durante el 2024 una gran lucha con paros, 10 jornadas de paro, movilizaciones, acciones de visibilización en un montón de lugares, poniendo en el centro de la escena la crisis del hospital, y como consecuencia de esa lucha, las autoridades tuvieron que dar un aumento del 15% extra a la paritaria miserable del Estado Nacional. Entonces, esa es una acción que mitiga".
Lipcovich develó la verdadera intención del gobierno, que lleva adelante la idea de liquidar definitivamente la responsabilidad nacional sobre cuestiones fundamentales del sistema de salud: "La comunicación con el gobierno es inexistente; es un gobierno que odia a los trabajadores y trabajadoras y que no tiene intención alguna de escuchar o negociar con nuestras legítimas demandas si tiene comunicación con la burocracia sindical pero la burocracia sindical de la CGT y la CTA no está empeñada en luchar para defender todo esto que estamos atravesando sino que negocia cosas propias algún fondo para la obra social, están en una negociación con el gobierno que excluye el problema de los despidos masivos, el problema de los recortes presupuestarios ahora mismo estamos sin presupuesto bueno", culminó.
La crisis en la salud argentina no es sólo un número en un presupuesto, sino una realidad que golpea a miles de pacientes y trabajadores que enfrentan hospitales desbordados, sueldos miserables y la angustia de no poder brindar o recibir atención digna. Mientras el ajuste avanza, también crece la resistencia de quienes luchan por un sistema de salud accesible y de calidad con acciones como la Marcha Federal por la Salud Pública. La pregunta es: ¿cuánto más deberá colapsar la salud antes de que se tomen medidas para garantizar un derecho fundamental?