El desalojo de una comunidad mapuche en Villa Mascardi que realizaron las Fuerzas a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aníbal Fernández, desató una insólita interna en el Gobierno Nacional. Finalmente, en la tarde del jueves, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, presentó su denuncia.
A lo largo de la jornada, desde el Ministerio dirigido por Gómez Alcorta pusieron el foco en las supuestas violaciones a los derechos humanos. Según Gómez Alcorta, las fuerzas a cargo del operativo habían detenido a diversas mujeres. La respuesta del Ministerio de Seguridad fue simple: “No hubo represión”.
Pero, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad presentó un documento en la causa para hacer saber que maracar su preocupación por el ataque a mujeres que se encontraban en el lugar, incluso una embarazada que estaría en riesgo de vida. Más tarde, Gómez Alcorta afirmó: “La situación es sumamente preocupante. Desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad. De las siete mujeres, dos de ellas estaban con sus niños muy chiquitos, de 1 mes y de 4, otra de las mujeres está embarazada de 40 semanas y con algunos temas de presión alta”.
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Lo cierto es que la ahora ex ministra siempre mostró un interés particular por las tomas en el sur del país y la causa mapuche. Hace unos años, Gómez Alcorta fue abogada del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala. Por eso, se sumó a la causa de desalojo de hoy. Y explicó: “Ayer presentamos un escrito judicial en la causa, haciendo saber el riesgo de vida que corría esta mujer embarazada, que se llama Romina, y la preocupación que eso conlleva”.
Y completó: “Todas las personas tenemos el derecho de contar con una defensa, eso lo dice la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, en este caso la magistrada negó ese derecho. Ayer a la tarde, la jueza dispuso el traslado de cuatro de ellas a la cárcel de mujeres de Ezeiza, con la justificación de que no hay cárcel de mujeres en la zona. Es gravísimo. A estas 4 mujeres las trasladan, a 1500 kilómetros de donde viven, sin haber tenido contacto con un abogado, una abogada, sin haber tenido contacto con nadie. Y lo más grave es que aún hoy no se sabe qué es lo que se les imputa”.
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Lo cierto es que en medio de este cruce con el Ministerio de Seguridad y ante la pasividad del Ejecutivo, a cargo del presidente Alberto Fernández, Gómez Alcorta pegó el portazo y dejó vacante el Miniseterio de Mujeres, Diversidad y Género, creado bajo el gobierno del Frente de Todos y que fue cuestionado desde todos los ámbitos de la oposición.
Según fuentes oficiales, la molestia de Gómez Alcorta comenzó desde que se dio a conocer el Presupuesto 2023. Es que el preoyecto presentado por el ministro de Economía, Sergio Massa, tiene en cuenta partidas por más de $4 billones para políticas con perspectiva de género (PPG), pero que la mayoría no impactarían de lleno en el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género.
De los $4.243.277 millones, lo que implica un incremento nominal de 106% respecto de 2022, y representa el 14,65% del presupuesto general previsto para 2023 ($28.954.031 millones), sólo una parte minoritaria podía ser de la partida que manejaría Gómez Alcorta. Es decir, iba a quedar a cargo del programa "Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género", a través del cual se lleva adelante la iniciativa AcompañAR para la atención de mujeres y LGBTIQ+ en situación de violencia de género en todo el país, mediante un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos. El resto de los programas y políticas de género y diversidad iba a ser manejado por otros ministerios y entes del Estado. Eso molestó tanto que dio el portazo final.