El gobierno de Javier Milei continúa su ofensiva contra las políticas de derechos humanos y diversidad con la reciente eliminación de traslados de presos por cambio de género y la prohibición de tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo para menores de edad. Estas medidas representan un retroceso significativo en los derechos conquistados en Argentina y fueron justificadas bajo argumentos ideológicos carentes de base científica.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la nueva normativa afirmando que busca evitar "abusos" en el sistema penitenciario. Sin embargo, el discurso oficial está impregnado de una visión que deslegitima la identidad de las personas trans y asocia el reconocimiento de sus derechos con privilegios injustificados. En la práctica, esto implica una negación del derecho a la identidad y una política que expone a personas trans a un mayor riesgo de violencia dentro de las cárceles.
En lugar de abordar los casos de abuso individualmente, el gobierno optó por una medida generalizadora y punitiva que desprotege a una población históricamente vulnerable. El discurso oficial refuerza la estigmatización de las personas trans y promueve un presente alarmista que criminaliza sus derechos. "Si un condenado está en una cárcel de hombres, ya no podrá pedir el traslado a un pabellón de mujeres solo por autopercibirse como tal. Esto garantiza la seguridad de todas las detenidas y termina con los delirios fomentados por la nefasta ideología de género", afirmó Adorni en su última conferencia de prensa.
La decisión de prohibir los tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo en menores de edad es otro golpe a las políticas de salud inclusivas. Basándose en la idea de que los niños "no tienen la madurez cognitiva necesaria" para decidir sobre su identidad de género, el gobierno omite el consenso médico internacional que respalda el acceso a estos tratamientos bajo estrictos controles profesionales y familiares. "Los niños no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar este tipo de decisiones. Por eso, países como Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estados Unidos han dado marcha atrás y han prohibido estas prácticas en menores", advirtieron.
Lejos de proteger a los menores, esta prohibición los deja en un limbo de desprotección, negándoles el acceso a tratamientos que supieron demostrar reducir significativamente el riesgo de depresión y suicidio en jóvenes trans. Países que el gobierno cita como referencia, como Suecia y el Reino Unido, ajustaron sus políticas, pero no impusieron prohibiciones absolutas como las que Milei busca implementar.
El comunicado de la Oficina del Presidente advierte que el Gobierno "fue elegido para terminar con los privilegios y promover la igualdad ante la ley". Poner fin al abuso infantil apañado en una agenda de género y terminar con las avivadas de los delincuentes son pasos fundamentales en esta dirección". También refuerza el discurso de Milei contra la "ideología de género", término ampliamente utilizado por sectores ultraconservadores para deslegitimar la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+.
En un discurso que minimiza el derecho a la identidad, el presidente insiste en que la agenda de género es "un fraude" y la asocia a teorías conspirativas sobre la "censura del wokismo". Este tipo de declaraciones demuestran una profunda desconexión con la realidad de las personas trans y un intento deliberado de desmantelar avances en materia de derechos humanos en nombre de una cruzada ideológica.
Las decisiones del gobierno de Milei no solo afectan a la comunidad trans, sino que también generan un precedente preocupante sobre el rumbo de los derechos humanos en Argentina. Al igual que con la salida de la OMS y la posible retirada del Acuerdo de París, estas políticas reflejan un gobierno que prioriza la confrontación ideológica por encima del bienestar de sus ciudadanos. Frente a estas medidas regresivas, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil ya manifestaron su preocupación y llamado a la resistencia. Argentina, un país que venía siendo referente en políticas de género y diversidad en la región, enfrenta hoy una ofensiva sin precedentes contra la igualdad y la inclusión.