Luego de 22 años, el atentado terrorista más grave que sufrió la Argentina continúa impune. En un nuevo aniversario del ataque a la AMIA, que dejó sin vida a 85 personas y con heridas a otras 300, la causa continúa impune y las causas para determinar qué fue lo que pasó a las 9:53 del 18 de julio de 1994 se fueron acumulando con el correr de los años.
Desde la muerte de Alberto Nisman la causa fue heredada por un trío de fiscales dispuesto el año pasado. En un informe oficial de la Unidad Fiscal de Investigaciones - AMIA, remarcaron la existencia de testigos que no fueron oídos, un cadáver cuya identidad no está confirmada al cual le cortaron diez dedos para realizar análisis genéticos y miles de documentos mal conservados.
Tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, un equipo de tres fiscales asumió la investigación.
Si bien no se trata de un informe que apunte hacia la investigación de Nisman en sus años al mando de la causa que buscaba determinar quiénes fueron los responsables, sí es una suerte de “informe de gestión”. El trabajo de los fiscales que reemplazaron al fallecido Nisman, Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini, enumera las falencias en la investigación. Los tres fiscales fueron designados entre el año pasado y marzo de este año por la Procuración General, a cargo de Alejandra Gils Carbó.
Según el diario Clarín, ahora se intentará realizar una “verificación genética” de la identidad del supuesto terrorista suicida, Ibrahim Hussein Berro, en un trabajo del cual participará el Equipo Argentino de Antropología Forense. Además, dispusieron un “meticuloso inventario del material orgánico existente en la Morgue”, y la “verificación de sus condiciones de conservación y resguardo”.
A las 9:53 se cumplirán exactamente 22 años del mayor ataque terrorista que sufrió el país.
El objetivo es determinar si existe ADN que no corresponda a ninguna de las víctimas del atentado. Puede ocurrir que sea de víctimas no identificadas o efectivamente de Berro, a cuyos familiares recién le pidieron muestras biológicas en noviembre del año pasado. También pretenden hallar el cuerpo de León Gregorio Knorpel, un hombre que fue dado por muerto por los testimonios recabados.
El trío de fiscales que reemplazó a Nisman tiene como objetivo investigar por qué a otro cuerpo, que nadie reclamó y cuya identidad se ignora, le fueron cortados los diez dedos de las manos sin que nadie lo autorizara. Otra de las importantes tareas que tendrá el equipo de Namer, Salum y Filippini será analizar miles de documentos de inteligencia que habían permanecido escondidos y desclasificados.
El atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 aún se encuentra impune.
Ahora, un equipo de al menos 20 personas trabaja en limpiar y acondicionar y analizar los datos de dos mil carpetas remitidas por la SIDE, cuyo contenido fue secreto entre 2005 y 2015. Tras el pedido del equipo de fiscales, el material apareció, y ahora se buscan las herramientas informáticas para poder cruzarlos con otros datos de la causa. Según Clarín, en la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense hallaron unos cien legajos vinculados al atentado.
En el análisis realizado por la UFI - AMIA tras la muerte de Nisman también señalan que hubo testigos que fueron buscados a los que jamás escucharon. También hubo 35 testimonios que fueron prestados únicamente ante el ex juez Juan José Galeano, que fue destituido y hoy está sentado en el banquillo de los acusados en el juicio por encubrimiento que comenzó en agosto del año pasado.
El duro informe de los nuevos fiscales marca irregularidades en la investigación.
En su hipótesis, los tres fiscales que quedaron a cargo de la causa tras la misteriosa muerte de Nisman, que aún no fue esclarecida, ratifican la conjetura central de la investigación: que habrían sido funcionarios iraníes los responsables del atentado, con el apoyo de Hezbollah y participación argentina.