por Rafael Saralegui
11 Octubre de 2016 20:37
El juez federal Ariel Lijo sigue adelante con una de las causas que más preocupa al gobierno: el origen del dinero robado en la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti, ya que ha puesto el foco en el financiamiento de las campañas políticas del PRO mediante fundaciones encabezadas por algunas de las principales figuras del macrismo.
En esa línea de investigación, el 4 de octubre le ordenó a la Inspección General de Justicia (IGJ) que le remita con carácter de urgente el legajo de la Fundación Pericles, encabezada por Fabián “Pepín” García Simón, diputado por el Mercosur de Cambiemos y uno de sus asesores más cercanos.
En el mismo escrito, el juez Lijo también le ordenó a la IGJ que le remita con la misma urgencia el legajo del Grupo Farallón S.A, encabezado por el empresario Eduardo Gutiérrez, aportante de la Fundación Suma, encabezada por Michetti, y procesado como testaferro del ex secretario de Obras Públicas José López.
Eduardo Gutiérrez con su pareja en la cena de la Fundación Suma.
Gutiérrez realizó varias obras en la ciudad de Buenos Aires y también tuvo contratos a nivel nacional durante el kirchnerismo. El juez Daniel Rafecas lo procesó por considerar que fue testaferro de López, al figurar como titular de la casa que el ex secretario ocupaba en la zona de Dique Luján, en el partido de Tigre.
Para el juez, a la Fundación Pericles no se le conoce mucha actividad, salvo la organización de reuniones políticas en un local situado en la calle Bolívar 424, a metros de la avenida Belgrano. Según notas periodísticas, en el lugar funcionaba un club al que se podía acceder sólo mediante una contraseña conocida por los habitués.
Fuentes judiciales informaron a BigBang que en el domicilio mencionado no se habían registrado denuncias en las diferentes jurisdicciones.
El pedido de investigación de la “Fundación Pericles para la defensa de la inclusión social y los valores republicanos”, fue presentado por los diputados nacionales kirchneristas Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, dos de los autores de la denuncia contra la vicepresidenta, además del abogado Leonardo Martínez Herrero, quienes también pidieron que se investigue a otros fundaciones vinculadas con el PRO.
Michetti dijo en su momento que el dinero robado en su domicilio provenía de fuentes diversas. Aseguró que le sustrajeron US$ 50.000 que le había prestado su novio Juan Tonelli Banfi, para enfrentar los gastos de una maestría de su hijo Lautaro, $ 45.000 que tenía guardados para pagar arreglos en su casa y $ 189.500 que eran para enfrentar los gastos de la cena anual de SUMA, que se iba a realizar una semana más tarde.
La vicepresidenta Michetti y su pareja Tonelli Banfi.
La semana anterior, Lijo les tomó declaraciones como testigos a los contadores de Tonelli y de Michetti, responsables de las confección de las declaraciones juradas patrimoniales de la vicepresidenta y de su pareja. Los dos contadores fueron interrogados porque en las declaraciones juradas de los dos aparecían montos diferentes sobre el monto del préstamo de Tonelli.
También declaró un vecino y amigo de Michetti, un arquitecto que se encargó de realizar las obras en la casa de la vicepresidenta. Eduardo Raposo dijo que se encarga de realizar todas las obras de mantenimiento en la casa de Michetti, pero no pudo dar precisiones sobre el costo total de las obras que se realizaron el año pasado porque aseguró que no tenía facturas ni constancias de los gastos.
“No me acuerdo el costo total. No quiero decir un número por otro pero creo que el costo de la obra fue entre cien y ciento cincuenta mil pesos. No quiero mentir ni inventar nada pero creo que el costo, entre una cosa y otra, fue entre aquellos montos”, dijo ante una pregunta del juez Lijo.
La declaración de Marcelo Domínguez, el contador de Michetti, dejó un dato llamativo. Dijo haber colaborado con $ 10.000 en efectivo para la Fundación que le entregó a Silvina, hermana de la vicepresidenta. Michetti aseguró que había organizado una colecta entre amigos para pagar gastos de la cena anual. Pero su contador dijo que “el motivo de la colaboración era ayudar a una casa que está frente a la cárcel de Devoto y a la que van las esposas de los presos, a las que se les da contención. En esa casa había necesidad de equipamiento y ayuda social. Me pareció muy bueno el destino y la obra, por eso quise colaborar”.
