17 Febrero de 2021 18:08
La ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, comenzó a ser juzgada este miércoles por presunta administración fraudulenta. La ex funcionaria durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner es acusada de haber utilizado fondos públicos para gastos personales o haberlos avalado, entre ellos comidas, compra de bombones y viajes para familiares y amigos.
Picolotti -que actualmente reside y trabaja en Estados Unidos- fue acusada de firmar gastos personales con fondos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. “Niego rotunda y categóricamente la acusación en mi contra. No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación- Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa pero los que me conocen saben que soy vegetariana", se defendió.
Además, sostuvo que ella no consume alcohol, mientras que se la acusa de haber comprado vinos y cervezas con dinero del Estado. "Lamento que los integrantes del tribunal tengan que dedicar su tiempo a este sinsentido. Tengo la certeza que después de casi 14 años de proceso voy a salir absuelta. Las acusaciones son incongruentes con mi trayectoria y con mi esencia”, sostuvo Picolotti.
Al mismo tiempo, afirmó que ella estaba en otros lugares en medio de las acusaciones de haber gastado en comidas en restaurantes de la ciudad de Buenos Aires. "No acepté el cargo de secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para comer medialunas o ir a bares como ´Hooters´. Lo hice para llevar adelante una política ambiental seria en Argentina”, remarcó ante los jueces del TOF 6.
Cabe remarcar que uno de los comprobantes que demostrarían que usó dinero de la Secretaría para sus propios placeres y beneficios pertenece a Hooters, el famoso bar atendido por exuberantes mujeres con atuendos ajustados. “Por primera vez en la historia una reconocida luchadora ambiental asumió el máximo cargo en la materia”, señaló en relación a su asunción en el cargo en 2006 con el difunto ex presidente Néstor Kirchner.
En ese sentido, destacó su trabajo como ambientalista en distintos países como Camboya y Haití y su lucha contra la instalación de la papelera Botnia en Fray Bentos sobre el río Uruguay. “Nunca nos imaginamos que el ataque mas efectivo vendría de la manipulación de un poder legitimo del estado y por ello que hoy sentada aquí", remarcó y afirmó que a raíz de estas acusaciones ella y su familia comenzaron a ser amenazados.
Según aclaró, por "osar terminar con el saqueo de los recursos naturales de la Argentina, por no ceder ante los ataques del juez federal del Riachuelo que en una reunión me dijo que le gustaba mi secretaria y que tenia amigos que podían beneficiarse con el Riachuelo”. Luego, dijo que se trata de un “proceso injusto y absurdo” por haber tomado medidas cuando estuvo al frente de la Secretaria.
Entre las medidas destacó una clausura a la empres Shell, la inspección a grandes compañías que contaminaban el Riachuelo, multas a la empresa Papel Prensa por contaminar el río Baradero, frenar la desforestación de bosques nativos y denunciar el avasallamiento de los pueblos indígenas. Además, denunció que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, le propuso hacer negocios ilegales.
Armella fue el primer juez a cargo de la causa judicial por la contaminación del Riachuelo designado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación . Luego se conocieron negociados de empresas allegadas al juez con la limpieza de la cuenca y la Corte lo apartó. “No cedí un solo peso a este juez que proponía actos corruptos y delirantes”, dijo Picolotti, según informó el portal de noticias Infobae.
La ex funcionaria sostuvo que “la represalia fue acompañada por una campaña despiadada de difamación en los medios de comunicación” y que la causa es un “ataque despiadado disfrazado de proceso penal”. “Ya es tiempo de dictar la absolución”, le pidió a los jueces. El juicio a cargo del TOF 6, integrado por los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, comenzó con la lectura de la acusación-
El mismo se está levando a cabo por videoconferencia por la pandemia del coronavirus. Picolotti, de 50 años y que trabaja en los Estados Unidos desde 2015 en el Institute for Governance and Sustainable Development, negó las imputaciones que se le leyeron y dijo que no responderá a preguntas ni de los jueces, ni del fiscal Diego Luciani, ni de su abogado Felipe Trucco.
