22 Agosto de 2016 14:29
El flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, integró el grupo de jóvenes abogados que acompañó a Raúl Alfonsín cuando llegó a la presidencia con el retorno de la democracia en 1983, después de haberse nutrido de las ideas de Carlos Nino, el filósofo y jurista que fue una de las principales fuentes ideológicos del presidente radical.
Nino fue uno de los fundadores en 1988 del Centro de Estudios Institucionales, junto al ex camarista Ricardo Gil Lavedra, entre otros, y que tuvo entre su jóvenes investigadores, por ejemplo, a Gabriel Bouzat y Carlos Balbín. Este último es el actual procurador general del Tesoro de la Nación y Bouzat fue uno de los dos socios fundadores del estudio que Rosenkrantz puso en marcha en 1990.
En el mismo estudio también aparecía como uno de los fundadores Agustín Zbar, otro abogado vinculado con el radicalismo, quien dejó el bufete en 2001 cuando asumió un cargo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Todos ellos estuvieron hoy en el acto de jura que se realizó en el Palacio de Justicia de la calle Talcahuano.
Un barbardo Rosenkrantz, al lado de Raúl Alfonsín.
Recibido en la UBA, Rosenkrantz realizó estudios luego en la Universidad de Yale y desde 2008 era rector de la Universidad de San Andrés. Junto a Nino participó durante el gobierno de Alfonsín en el Consejo de la Consolidación de la Democracia, con estudios sobre la Constitución Nacional.
En la página web del estudio ya no aparece el listado de sus principales clientes, pero como abogado Rosenkrantz defendió los intereses de grandes empresas como McDonald's, el grupo Clarín, el diario La Nación, entre otras. Ese fue uno de los motivos para que se cuestionara su designación en las audiencias públicas que se realizaron en la Cámara de Senadores. “Me excusaré por decoro, si bien no tengo dudas de que me puedo expresar con imparcialidad", respondió cuando se le preguntó qué haría en caso de que le tocara resolver en la Corte un litigio del grupo Clarín.
También en la audiencia se le preguntó sobre los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pero no sólo contra los militares sino contra los civiles que fueron cómplices. "Si cometieron delitos tienen que ser imputados, no hay ninguna razón para que quien cometió un delito no sea perseguido", replicó.
La página del estudio aún consigna que tanto Bouzat como Rosenkrantz “en el ámbito internacional, han actuado como testigos expertos en derecho argentino ante tribunales norteamericanos, así como también ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Banco Mundial”.
“Durante el gobierno de Néstor Kirchner y en razón de sus calidades profesionales, Rosenkrantz fue designado por el Estado Argentino como testigo experto para defender sus posiciones legales en una serie de arbitrajes internacionales promovidos por diversas empresas multinacionales contra el país, en el CIADI. A diferencia de otros importantes estudios jurídicos del país, el estudio que integraba Rosenkrantz no patrocinó demandas arbitrales en contra de la Argentina”, consigna el CV del flamante juez supremo.
Durante la audiencia en el Senado, Rosenkrantz dijo que los jueces deberían pagar el impuesto a las ganancias como el resto de los empleados. "No hay razón para que los jueces se exceptúen de lo necesario para que el Estado pueda funcionar. Yo me comprometo para solucionar este problema", dijo ante los senadores.
Un tema que no goza del mismo predicamento entre los antiguos miembros de la Corte, sus nuevos compañeros de trabajo.
