El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al empresario patagónico Lázaro Báez, le dictó la prisión preventiva y ordenó un embargo sobre sus bienes de 100 millones de pesos.
Las mismas medidas tomó respecto del contador Daniel Pérez Gadín, mano derecha del empresario en la causa en la que investiga el lavado de dinero a través de la financiera SGI, luego conocida como La Rosadita.
El juez además llamó a prestar declaración indagatoria al ex jefe de la AFIP y actual titular de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, en la misma causa, y prohibió su salida del país.
Lázaro Báez es investigado por el delito de lavado de dinero y según el juez ese delito es consecuencia de evasión impositiva mediante el uso de facturas truchas.
Casanello citó a indagatoria a Echegaray y le prohibió la salida del país.
El empresario patagónico, principal beneficiario de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, fue detenido el 5 de abril en el aeropuerto de San Fernando, cuando llegó con su avión desde Río Gallegos.
La semana pasada, la Cámara Federal rechazó la excarcelación de Báez ante el riesgo de que pudiera fugarse y utilizara su poder y dinero para amedrentar a testigos de la causa.
El juez además procesó a César Gustavo Fernández (titular de SGI), Martín Antonio Báez (hijo del empresario) y a Fabián Virgilio Rossi por considerarlos coautores del delito de lavado de activos, que prevé una pena máxima de diez años de prisión.
El magistrado asimismo decidió procesar sin prisión preventiva a Walter Adriano Zanzot (titular de la empresa de taxis aérea de Báez) y Sebastián Pérez Gadín, hijo del contador de Báez, por considerarlos partícipes, necesario al primero, y secundario al segundo, del delito de lavados de activos.
El juez ordenó la captura internacional del abogado Chueco.
El juez embargó bienes de todos los acusados por un monto de cien millones de pesos, salvo en el caso del hijo de Báez, en cuyo caso el monto fue de un millón de pesos.
"En esa dirección, remarcando la necesidad de recuperar activos, ordenó el secuestro y embargo de los vehículos y bienes registrales de todos los imputados y de la firma “Top Air”, como así también la inmovilización y congelamientos de todos los fondos de las cuentas bancarias de aquellos", según informó el CIJ.
Casanello también ordenó el embargo de la póliza del siniestro de la aeronave perteneciente a matrícula LV-ZSZ yel secuestro de las restantes aeronaves vinculadas a la sociedad (matrículas LV-BPL y LV-MBY).
El juez ordenó la tasación de más de cincuenta (50) inmuebles pertenecientes a los procesados (principalmente atribuidos a la familia Báez) conformados por viviendas, lotes y chacras. Igual medida adoptó respecto de las firmas “SGI Argentina S.A.”, “Helvetic Services Group S.A.”, “OACI S.A.”.
"En línea con aquellas convocatorias, el tribunal igualmente ordenó la inmediata captura nacional e internacional de Jorge Oscar Chueco a fin de recibirle declaración indagatoria, y dispuso asimismo la inhibición general de bienes del nombrado", agregó la página de la Corte.